El escándalo que rodea al fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA sumó esta semana un nuevo actor con intereses millonarios. Cuatro fondos de inversión que le ganaron un juicio por más de 1.500 millones de dólares a la Argentina en los tribunales de Londres solicitaron a una jueza federal de Nueva York poder participar formalmente del expediente de la “class action” contra Hayden Mark Davis, autodeclarado asesor del presidente Javier Milei y uno de los impulsores del colapsado proyecto.
La presentación fue realizada por el abogado David Orta, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, ante la jueza Jennifer Rochon, que lleva el expediente en la Corte del Distrito Sur de Manhattan. El objetivo: acceder al expediente, presenciar las audiencias y, eventualmente, reclamar una parte de los fondos congelados en la causa, con el argumento de que podrían ser bienes embargables pertenecientes al Estado argentino.
Los fondos involucrados y su estrategia judicial
Los acreedores que presentaron el pedido integran la demanda conocida como Palladian Partners LLP, junto a HNK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International. Todos controlan alrededor del 48% de los títulos atados al crecimiento del PBI argentino que fueron emitidos entre 2005 y 2010. En octubre de 2024, obtuvieron una sentencia firme a su favor en el Reino Unido, cuando la Corte Suprema británica rechazó el último recurso del Estado nacional.
Sin embargo, hasta ahora no lograron cobrar un solo dólar de esa sentencia. Por eso buscan cualquier vía legal que les permita identificar y embargar activos que puedan estar bajo jurisdicción internacional, particularmente en Estados Unidos.
Según Orta, los acreedores tienen un interés directo en los fondos que Davis dice tener bajo su control. El propio empresario sostuvo públicamente que retuvo USD 100 millones tras el colapso de $LIBRA, y que esos fondos pertenecen a la Argentina.
La vinculación de Davis con el oficialismo y la polémica por los fondos
Davis se presentó desde un inicio como asesor directo de Milei, a quien dijo acompañar en materia de blockchain e inteligencia artificial. El propio mandatario confirmó ese vínculo en redes sociales a fines de enero, tras el lanzamiento de $LIBRA. Pero después del fracaso del proyecto, Davis aseguró que no entregaría los fondos a «los asociados de Milei» ni a KIP Protocol, y que actuaría como “custodio” de los USD 100 millones, sin ser su propietario.
Estas declaraciones fueron tomadas como un indicio clave por los acreedores para justificar su intervención en el proceso. Según el escrito presentado ante la jueza Rochon, la sospecha es que ese dinero podría pertenecer al Estado argentino, y por lo tanto ser ejecutable para saldar parte de la deuda impaga.
Un caso que se complica en varios frentes judiciales
El caso $LIBRA ya cuenta con múltiples ramificaciones judiciales. A la demanda colectiva en Nueva York se suman una denuncia penal en España, una causa abierta en los tribunales federales de Comodoro Py, una comisión investigadora trabada en el Congreso y una pesquisa discreta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Con la nueva presentación de los fondos acreedores, el caso incorpora una dimensión internacional aún más compleja. En particular, si la jueza autoriza su intervención, podrían avanzar en el embargo de activos que hasta ahora están bajo custodia judicial en EE.UU. pero que Davis declaró como vinculados a la Argentina.
El origen del conflicto: los bonos atados al PBI
La demanda original de Palladian Partners LLP y los otros fondos tiene su raíz en decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2014, el entonces ministro Axel Kicillof modificó el método de cálculo del PBI para corregir los efectos de la manipulación estadística impulsada por Guillermo Moreno. Esa modificación provocó que los pagos vinculados a esos bonos fueran menores a lo esperado, lo que derivó en el juicio y la posterior condena para el Estado argentino.
A más de una década de aquella decisión, y en un nuevo contexto político, los acreedores insisten en que Argentina debe responder por su deuda. Y ahora, apuntan a una fuente inesperada: los fondos que dejó el fracaso de una criptomoneda promocionada por el propio entorno presidencial.
