En un paso más dentro del plan de ajuste estructural del Estado, el Gobierno nacional oficializó la disolución, fusión y transformación de 21 organismos públicos, con el objetivo de reducir el gasto y reordenar la administración central. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial N.º 35.702 y abarca áreas clave como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.
Entre los entes eliminados se encuentran la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI) y las Delegaciones Sanitarias Federales, entre otros.
Según fuentes oficiales, las funciones esenciales de los organismos eliminados serán absorbidas por los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se formalicen las nuevas estructuras administrativas.
Entre las transformaciones más relevantes, se destaca la reconversión de la CNRT en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y de la Junta de Seguridad en el Transporte en un ente con foco exclusivo en accidentes de aviación. Además, informó NA, se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que pasará a gestionar hospitales nacionales como el Posadas, el Sommer, el Carrillo y el Bonaparte, con el fin de optimizar recursos y capacidades asistenciales.
El Ejecutivo justificó la decisión en base a un informe técnico que reveló un crecimiento exponencial en la cantidad de estructuras descentralizadas y su dotación de personal, que pasó de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024. También se detectaron superposición de funciones, irregularidades administrativas y escaso control interno en varios entes.
Por otro lado, los vehículos e inmuebles sin uso serán transferidos a la Agencia de Bienes del Estado (AABE) para su eventual reutilización o venta, mientras que los fondos disponibles pasarán directamente al Tesoro Nacional.
Desde la Casa Rosada aclararon que la reorganización no implica despidos inmediatos, sino una redistribución funcional del personal. En las próximas semanas, los ministerios deberán presentar sus nuevos organigramas, con el compromiso de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza su estrategia de achicamiento del Estado, en línea con el ideario libertario del presidente Javier Milei, que apunta a reducir el déficit, optimizar recursos y eliminar estructuras innecesarias. La medida, sin embargo, ya generó críticas de sectores sindicales, que advierten por posibles afectaciones en servicios estratégicos y alertan sobre un avance hacia un modelo hipercentralizado del poder administrativo.
