El Gobierno nacional prorrogó la intervención estatal de Corredores Viales hasta consolidar su privatización y disolución. La compañía administra casi 6.000?km de rutas nacionales y autopistas, en 10 corredores que representan alrededor del 80% del tránsito nacional.
El Gobierno sostiene en el Decreto?464/2025, publicado en el Boletín Oficial, que requiere más tiempo para «consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores».
Se mantendrá en el puesto a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, encargada de auditar gestión y estado de los activos desde el inicio hasta la disolución, informar al Ministerio de Economía, y diseñar un plan de reforma institucional.
Según el Gobierno, la intervención detectó «falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones… y en el relevamiento de activos fijos». Estas irregularidades justifican un plan de reorganización interna.
Ya se implementaron medidas como un nuevo organigrama, normas de compras, reglamentos, creación de un Comité de Inversiones y regulación del área legal, “en línea con los objetivos del Poder Ejecutivo Nacional”.
¿Por qué es clave esta medida reciente del Gobierno?
La red de Corredores Viales incluye tramos estratégicos, como la Ruta?9 (Mercosur) y la RN?12?14 (Corredor?18), además del acceso a Ezeiza?Riccheri, que representan el grueso del tráfico nacional. Controlar estos corredores impacta directamente en la Conectividad federal, el comercio con países vecinos y la seguridad vial, ya que las autopistas concentran mayor siniestralidad.
El Estado adjudica que la privatización y cobro de peajes activará inversión privada para el mantenimiento y mejora de la infraestructura, evitando déficits recurrentes (antes rondaban el 45% de atraso tarifario) y, según estimaciones oficiales, permitiría un ahorro fiscal importante.
