La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso clave sobre la responsabilidad de los directivos empresariales en juicios laborales y sentó un precedente relevante para el derecho societario argentino. Con el voto de sus tres jueces actuales —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— el tribunal dejó sin efecto una decisión de la Cámara Nacional del Trabajo que había extendido la responsabilidad por créditos laborales a los directivos de Telecom Argentina S.A., entre ellos el actual canciller Gerardo Werthein.
El fallo responde a una demanda iniciada por un exempleado, de apellido Oviedo, quien reclamó a Telecom, Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L. el pago de diversos créditos salariales e indemnizaciones por despido. Según sostuvo, trabajó bajo órdenes directas de la empresa principal, aunque había sido formalmente contratado a través de firmas intermediarias.
Un criterio extendido que la Corte revocó
Tanto el juzgado de primera instancia como la Sala II de la Cámara del Trabajo consideraron que las tres empresas actuaron de forma solidaria, y además extendieron la responsabilidad a los directivos de Telecom, al considerar que existía una conducta deliberada de encubrimiento laboral. Se apoyaron en los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades, que permiten atribuir responsabilidad patrimonial a quienes presiden o integran directorios cuando participan de actos ilícitos.
Sin embargo, los directivos cuestionados —Enrique Garrido, Andrea Mangoni y Gerardo Werthein— apelaron la medida y presentaron una queja ante la Corte. Argumentaron que se trataba de una decisión arbitraria, que no había prueba concreta de su participación personal en los hechos denunciados y que, en empresas de gran porte, las decisiones operativas se delegan en la línea gerencial.
El criterio de la Corte Suprema
Al analizar el caso, la Corte coincidió con ese planteo. Señaló que el principio de separación entre la personalidad jurídica de la sociedad y la de sus administradores es fundamental en el derecho societario. Por ello, cualquier excepción que pretenda responsabilizar a directivos debe evaluarse con criterios estrictos.
Según expresaron los jueces en su voto, en grandes estructuras como Telecom «no es razonable suponer que los miembros del directorio participen directamente en decisiones de contratación ordinaria o en la relación con empleados tercerizados». En ese sentido, sostuvieron que la Cámara debió analizar si existía una delegación de funciones en la gerencia y si el directorio había previsto mecanismos de control suficientes para evitar la violación de normas laborales.
«La imputación de responsabilidad sin un análisis individualizado y sin acreditar intervención directa en los hechos configura una sentencia arbitraria», afirmaron los magistrados al dejar sin efecto la resolución anterior.
Argumentos de los directivos absueltos
Durante el proceso, Werthein explicó que en compañías de esta magnitud el directorio se limita a definir políticas estratégicas, mientras que la ejecución cotidiana queda a cargo de los ejecutivos. Mangoni, por su parte, alegó no haber participado de ninguna decisión vinculada al caso, haber residido en Italia durante el período cuestionado, y haber ocupado su cargo años después del ingreso del trabajador. Garrido señaló que la contratación de Tel 3 S.A. fue anterior a su incorporación al directorio y que no existían elementos para imputarle responsabilidad.
La Corte les dio la razón y dispuso que la Cámara del Trabajo dicte un nuevo fallo conforme a estos lineamientos, fijando así un límite a la expansión judicial de la figura del “director responsable”.
Implicancias del fallo
El pronunciamiento refuerza la protección del principio de separación entre la empresa y sus directivos, y evita una interpretación extensiva que pudiera afectar la gobernabilidad en grandes corporaciones. Aunque no desconoce la necesidad de sancionar maniobras fraudulentas o evasivas, el máximo tribunal remarcó que ello debe hacerse con pruebas concretas y no por mera suposición de cargo.
En medio del contexto político actual, la resolución también tiene impacto simbólico, ya que uno de los involucrados es el actual ministro de Relaciones Exteriores. Pero más allá de los nombres, lo que se discutió en este caso es la línea que separa la responsabilidad personal de la institucional en el mundo empresario.
