Mientras se discute en el Congreso el futuro de las jubilaciones ordinarias, un informe reciente vuelve a poner la lupa sobre un selecto grupo de beneficiarios que siguen cobrando cifras millonarias bajo el régimen de asignaciones vitalicias para ex presidentes y vicepresidentes. En diciembre de 2024, el Estado destinó $126,7 millones netos para pagar solo 11 pensiones, el equivalente a 385 jubilaciones mínimas con bono incluido.
El caso que más sorprende es el del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien por haber ocupado el cargo durante apenas una semana en diciembre de 2001 percibió $15,1 millones en un solo mes. Sin embargo, el podio lo lidera el ex mandatario Mauricio Macri, con una asignación neta de $15,7 millones en el mismo período.
La lista continúa con las ex primeras damas Zulema Yoma, quien cobró $13,1 millones, y Bety Andrés, con $12,6 millones. También figura la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, que recibió $11,7 millones, según los datos de la ANSES citados por Clarín.
Una inequidad que se profundiza
Más allá de las cifras puntuales, lo que genera mayor indignación es la desigual evolución de los ingresos: mientras que las jubilaciones mínimas aumentaron un 29% entre mayo y diciembre de 2024 (incluyendo el bono), las pensiones vitalicias crecieron un 104% en términos reales. Un salto que refuerza la sensación de injusticia estructural en el sistema previsional argentino.
El contraste se acentúa en medio del debate actual por el ajuste fiscal, donde el oficialismo insiste en reducir el gasto previsional, mientras miles de jubilados no alcanzan la canasta básica.
Caídos del sistema por condena judicial
El listado de beneficiarios fue recortado recientemente. La ANSES eliminó la pensión a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Lo mismo ocurrió con Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone Calcográfica. La ex mandataria, hasta ese momento, cobraba $21,8 millones mensuales, producto de su doble beneficio como expresidenta y viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Ambos casos marcaron un punto de inflexión legal y político, al evidenciar que los antecedentes penales pueden impactar en la continuidad de estos beneficios, aunque no siempre de manera inmediata ni automática.
Milei, entre el gesto político y la reforma pendiente
En este contexto, el presidente Javier Milei decidió renunciar formalmente al cobro futuro de una jubilación de privilegio, en línea con su discurso de austeridad. Sin embargo, el Congreso rechazó recientemente eliminar estos beneficios para los próximos mandatarios, frenando una reforma que contaba con amplio respaldo social.
El debate sigue abierto. Para algunos, se trata de una cuestión de justicia y equidad. Para otros, es apenas un gesto simbólico en medio de una crisis estructural mucho más profunda.
Lo cierto es que mientras los jubilados comunes ajustan su cinturón, un grupo muy pequeño sigue cobrando a lo grande.
