El Gobierno confirmó una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro de la Nación que incluyó el despido de 60 empleados. La medida apunta a reducir el gasto y mejorar la eficiencia operativa del organismo, clave para la defensa del Estado en juicios internacionales. La decisión se conoció horas después de que saliera a la luz la filtración de datos vinculados al litigio por YPF con el fondo Burford.
Desde la Casa Rosada indicaron que el recorte se dio por una «drástica reducción de áreas técnicas» y forma parte de un esquema de ajuste más amplio. En febrero, con el arribo de nuevas autoridades, ya se había reducido el 20% de la planta. Con los nuevos cambios, pasarán a funcionar solo cuatro Direcciones Nacionales, en lugar de seis.
Ajustes internos y cierre de áreas clave
Además del recorte de personal, se resolvió disolver la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán absorbidas por otras áreas. Esta escuela, que capacitaba a los abogados del Estado, quedará con solo un tercio de su personal. El objetivo es limitar sus tareas a la formación interna y a la difusión de la doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro.
Las modificaciones también incluyen una fuerte reducción de las unidades jerárquicas, la eliminación de funciones duplicadas y la reasignación de competencias clave. En el Gobierno de Javier Milei aseguran que la intención es hacer más ágil la estructura, priorizar recursos estratégicos y garantizar un uso más responsable del presupuesto.
Filtración de datos sobre el juicio por YPF
La reestructuración se aceleró luego de que se conociera la venta de información confidencial de la Procuración al fondo Burford, que lidera la demanda contra Argentina por la expropiación de YPF. El caso se litiga en tribunales de Estados Unidos y representa un frente legal sensible para el país.
Fuentes oficiales indicaron que el procurador Santiago Castro Videla seguirá en su cargo. Sin embargo, varias áreas administrativas internas serán eliminadas. “Hubo filtraciones vinculadas al juicio de YPF”, confirmaron desde el entorno oficial. Por ahora, no se sabe qué tipo de archivos o documentación se vio comprometida.
La filtración encendió las alarmas en el Ejecutivo, que teme que se haya expuesto la estrategia jurídica nacional. La preocupación se centra en que esos datos puedan condicionar el accionar de la defensa argentina en litigios donde están en juego activos estratégicos, como la petrolera YPF, de mayoría estatal.
En este contexto, la reestructuración no solo apunta a un achique presupuestario, sino también a recuperar el control interno del organismo y blindarlo frente a posibles nuevas filtraciones. La Procuración del Tesoro quedó bajo la lupa, en momentos donde cada movimiento en la justicia internacional tiene impacto directo en las finanzas del país.
