A diez días del anuncio oficial, el Gobierno resolvió suspender el decreto que de Vialidad Nacional. El fallo, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.º 2, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados del organismo. La resolución impide avanzar con cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno apelará la decisión. «Este organismo se inventó para simplificar la corrupción», expresó días atrás. Según Adorni, la medida se adoptó en el marco de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei con la sanción de la Ley Bases.
La Justicia puso freno al cierre y defendió los convenios laborales
La resolución judicial ordenó al Estado abstenerse de aplicar cualquier acción relacionada con traslados, cesantías, reubicaciones o la supresión de áreas que afecten a la Dirección Nacional de Vialidad. De esta manera, protege la estabilidad laboral del personal del organismo y congela la iniciativa del Ejecutivo.
En su fallo, el tribunal recordó que la DNV tiene carácter autárquico y que están plenamente vigentes los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 874/07 “E” y N.º 827/06 “E”. Cualquier modificación sin acuerdo previo vulneraría derechos protegidos tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional.
Reorganización del área de transporte y resistencia judicial
La decisión de disolver Vialidad se inscribe dentro de un plan más amplio del Gobierno que también prevé eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y modificar la estructura de la CNRT. Esta última pasaría a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, según se anunció oficialmente.
Pese a este freno judicial, la Casa Rosada insiste con su estrategia de reorganización del Estado. Por eso, insistirá con la apelación ante los tribunales. El Gobierno de Javier Milei considera que tiene respaldo legal para continuar con estas transformaciones.
Mientras tanto, la disputa judicial continúa abierta. En el centro del conflicto está el intento por avanzar en la disolución de Vialidad Nacional, uno de los organismos históricos en la planificación y mantenimiento de la red vial argentina.
