El Gobierno nacional suspendió o dio de baja un total de 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, en el marco de una auditoría profunda que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la órbita del Ministerio de Salud. La revisión, que alcanza a más de un millón de beneficiarios, ya permitió detectar irregularidades graves, desde personas fallecidas que seguían cobrando hasta diagnósticos falsos y prófugos de la Justicia con acceso al beneficio.
La medida representa un ahorro mensual de más de $23 mil millones, cifra que se desprende del cálculo individual de cada pensión ($289.000 entre monto base y bono adicional). Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el objetivo no es el ajuste sino la transparencia: «Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista», advirtió Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS.
Radiografía de las bajas
De las más de 80 mil bajas, 65.230 corresponden a suspensiones por inasistencias injustificadas a los controles médicos, mientras que 6.643 se dieron de baja directamente por fallecimientos no registrados. En paralelo, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente tras recibir las notificaciones de revisión, presumiblemente por temor a ser denunciados penalmente.
En el Gobierno creen que estas cifras son solo el comienzo. Según estimaciones oficiales, las bajas podrían superar los 250.000 casos al finalizar el proceso. La auditoría se centra en las pensiones otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, pero excluye a menores de edad y a quienes ya fueron revisados este año.
Las auditorías son llevadas a cabo por médicos del PAMI y personal especializado de la Agencia. Los beneficiarios reciben una carta documento y, en caso de no asistir a la revisión médica, se inicia un proceso escalonado que puede culminar con la baja definitiva del beneficio.
Casos escandalosos y fraude estructural
Durante el proceso surgieron numerosos casos que revelan el nivel de descomposición del sistema heredado. Se identificaron certificados médicos truchos, una radiografía utilizada en 150 trámites, presos y prófugos cobrando pensiones, personas con diagnósticos imposibles y beneficiarios que viven en el exterior. Incluso se detectó que 212 detenidos y 331 prófugos cobraban irregularmente.
En declaraciones a Infobae, Spagnuolo fue contundente: «Entre 2003 y 2015, el número de pensiones pasó de 80 mil a más de un millón. Ni siquiera países que atravesaron guerras vieron un crecimiento así. Fue una herramienta de clientelismo político». Además, denunció que durante la gestión de Alberto Fernández se entregaron pensiones en actos políticos en provincias como Chaco y Salta, muchas veces con respaldo de agrupaciones como el Movimiento Evita.
Nuevo marco normativo
La intervención se apoya en el Decreto 842/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que establece un nuevo sistema de control, endurece las condiciones de acceso y otorga mayores facultades de auditoría a la ANDIS. Entre otras cosas, se creó un nuevo Cuerpo Médico Evaluador y se habilitó el cruce de datos en tiempo real con ANSES, PAMI, AFIP y el Ministerio de Justicia.
El decreto también prohíbe mantener la pensión a personas que estén detenidas, sean prófugas o tengan ingresos incompatibles, y obliga a todos los beneficiarios a reinscribirse con una declaración jurada y evaluación médica actualizada. Quienes no cumplan perderán el beneficio.
El Gobierno derogó el sistema anterior, que permitía evaluaciones más laxas. Para Spagnuolo, eso era funcional a la discrecionalidad: «Los gobiernos kirchneristas usaron las pensiones como moneda de cambio política. Ahora queremos que sean un derecho para quien lo necesita, no un privilegio para quien milita».
Un sistema para los más vulnerables
Desde el oficialismo insisten en que la auditoría no implica un recorte masivo, sino una depuración del sistema. “No se le quitará el beneficio a quien realmente lo necesite”, aseguran. El objetivo es construir un modelo más justo, donde los recursos lleguen a las personas con verdadera discapacidad laboral, sin favoritismos ni clientelismo.
