Argentina presentará esta semana un escrito judicial en Estados Unidos con el objetivo de mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, dispuesta por la jueza Loretta Preska. La defensa del Estado nacional buscará que el tribunal superior extienda la pausa mientras continúe el proceso de apelación, evitando así ejecutar de inmediato la sentencia por la expropiación de la petrolera.
La presentación será ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York y está prevista para este martes 22 de julio. Allí los abogados del país argumentarán que debe mantenerse la interrupción de la ejecución del fallo mientras se desarrolla el proceso legal en segunda instancia. Actualmente, la suspensión solo rige durante el tiempo en que las partes presentan sus alegatos previos a la definición de fondo.
El movimiento se da luego de que los beneficiarios del fallo, que exige a la Argentina pagar unos 16.100 millones de dólares, manifestaran a la Corte que no desean quedarse con las acciones de YPF. Aun así, reclamaron que el país deposite una garantía que respalde su intención de apelar.
Este nuevo posicionamiento de la parte demandante aparece luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara un amicus curiae respaldando la postura argentina. Ese gesto del gobierno norteamericano fue interpretado por el equipo legal del país como un punto favorable para sostener su estrategia judicial y ganar tiempo en los tribunales.
«En este contexto de mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama», señalaron fuentes oficiales, según compartió NA.
¿Y si lo rechazan?
Si la Corte rechazara el planteo, se reactivará la orden de Preska y Argentina deberá cumplir con la entrega de acciones de YPF para evitar una posible declaración de desacato. Aunque ese término no aplica de forma directa a un Estado soberano, su utilización puede derivar en sanciones, multas o consecuencias financieras en los mercados internacionales.
Según expertos legales, el desacato puede «dañar la credibilidad del país ante organismos multilaterales y dificultar el acceso al financiamiento externo», por lo que el Gobierno busca evitar ese escenario a toda costa.
