El Senado se convirtió en el epicentro de un escándalo de opacidad administrativa tras detectarse la desaparición de dos decretos presidenciales firmados por la vicepresidente Victoria Villarruel. Las resoluciones 368 y 369, que incluían recategorizaciones de personal, estuvieron brevemente disponibles en la web oficial y luego fueron eliminadas sin explicación. A eso se suma la caída del sistema que permitía consultar la nómina completa de empleados permanentes, temporarios y contratados.
A diferencia de Diputados —históricamente más hermética—, la Cámara Alta mantenía hasta ahora cierto estándar de transparencia institucional. La decisión de eliminar los documentos y dejar fuera de línea la base de datos de personal generó sorpresa incluso entre legisladores aliados y reavivó la sospecha sobre la gestión del personal legislativo, marcada por tensiones gremiales y acuerdos opacos.
Recategorizaciones sin anexos y decretos fantasma
Los decretos habían sido descargados por Infobae el 30 de junio, minutos después de su publicación. La resolución 368 explicaba que la Dirección General de Recursos Humanos impulsaba la recategorización de agentes como parte de una política institucional para fortalecer la carrera administrativa. En ambos casos, se asignaban nuevas categorías a empleados identificados en el Anexo I, que nunca fue publicado.
El segundo decreto, el 369, estaba orientado a trabajadores que venían desempeñando funciones propias de una categoría superior. El texto justificaba las promociones como una manera de reconocer el compromiso y la competencia de los agentes. Sin embargo, los documentos desaparecieron de la web sin previo aviso, junto con cualquier posibilidad de verificar quiénes fueron los beneficiarios.
Un conflicto silencioso con los gremios
El trasfondo de la situación estaría vinculado al malestar creciente con los sindicatos del Congreso, especialmente con la Asociación del Personal Legislativo (APL), que lidera Norberto Di Próspero. La organización responde al peronismo y mantiene una posición ambigua frente a la administración libertaria, con la que mantiene una tensa tregua.
Las recategorizaciones habrían sido utilizadas como moneda de cambio para descomprimir el clima interno ante el estancamiento de las negociaciones paritarias. La estrategia no es nueva en el Congreso: se otorgan ascensos discrecionales como forma de compensar aumentos salariales postergados. Sin embargo, en este caso el sigilo fue extremo, al punto de eliminar cualquier rastro público de los decretos.
Una web «en mantenimiento» y sin rastros
Hasta hace unos días, el sitio oficial del Senado permitía consultar nombres, cargos, funciones y modalidades de contratación. Esa pestaña sigue existiendo, pero al intentar ingresar aparece el mensaje: «página en mantenimiento». Se trata del mismo acceso que permitió investigaciones anteriores sobre designaciones irregulares, como el caso de un empleado con tobillera electrónica o la contratación fugaz de una modelo por parte de un senador misionero.
La decisión de cerrar el acceso a esa información coincide con las semanas en que se definieron las recategorizaciones, lo que refuerza las sospechas sobre una maniobra deliberada para ocultar los nombres favorecidos. Hasta el momento, el despacho de Villarruel no emitió explicaciones y la situación amenaza con escalar si algún bloque legislativo exige una auditoría.
