Un proyecto legislativo busca legalizar la prostitución en CABA mediante la derogación del artículo 86 del Código Contravencional. La iniciativa fue presentada por el bloque Unión por la Patria y lleva la firma de la legisladora Victoria Montenegro. El objetivo es permitir que la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública deje de ser una contravención. Según los impulsores, se trata de una reforma necesaria para garantizar derechos a quienes ejercen el trabajo sexual, en especial mujeres cis, trans y travestis.
Proponen derogar el artículo que penaliza el trabajo sexual en la vía pública
El proyecto que busca despenalizar la prostitución propone eliminar una norma que hoy habilita sanciones para quienes ofrezcan o soliciten sexo en la calle. Para Montenegro, ese artículo «perdió el sentido original con el que fue incorporado» y en la práctica «se convirtió en una herramienta de persecución». Desde su punto de vista, la actual legislación habilita abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad y criminaliza a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, según expresó en los fundamentos del proyecto, esta normativa favorece prácticas arbitrarias y reproducen lógicas de exclusión social. «No puede seguir vigente una ley que habilita la violencia institucional sobre personas que viven de su cuerpo y su trabajo», afirmó la legisladora.
El proyecto pone el foco en el abuso policial y los derechos humanos en CABA
Montenegro también advirtió que la norma afecta de forma desproporcionada a personas trans y travestis, quienes denuncian frecuentemente violencia institucional por parte de agentes estatales. En sus palabras, se trata de «formas de control social violentas, estigmatizantes y discriminatorias», que se mantienen gracias a una legislación que las ampara.
Según cifras del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la contravención vinculada a la prostitución en espacios públicos se encuentra entre las diez más frecuentes en el distrito, lo que sugiere una aplicación sistemática. El proyecto presentado ya tiene antecedentes: en 2021 y 2023 se intentaron reformas similares, aunque no prosperaron.
El núcleo del debate gira en torno a qué se entiende por tranquilidad pública, ya que la actual normativa se basa en presunciones antes que en daños concretos. «Cualquier restricción a las libertades debe basarse en un daño comprobable, no en una sospecha», explicó la legisladora. En su opinión, mantener en pie el artículo 86 implica convalidar una limitación a la libertad individual sin beneficios claros en términos de seguridad o convivencia.
El proyecto reactiva una discusión de larga data sobre el trabajo sexual y el rol del Estado. Mientras algunos sectores buscan avanzar hacia el reconocimiento de derechos laborales, otros insisten en medidas para evitar la trata.
En este caso, el foco está en eliminar una norma que, según el bloque, no protege sino que expone a quienes viven del trabajo sexual. “Este es un paso más hacia una legislación que deje de perseguir la pobreza y reconozca todas las identidades”, concluyeron desde Unión por la Patria.
