El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo marco legal que permite a las organizaciones religiosas administrar sus bienes y libros contables sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones. La medida fue oficializada a través del decreto 486/2025, publicado en el Boletín Oficial, e incluye un llamado a las provincias para que adapten su normativa en la misma dirección.
La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Culto y Civilización a cargo de Nahuel Sotelo, busca facilitar el reconocimiento jurídico de las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, habilitándolas a operar con mayor autonomía institucional. «La medida apunta a que, por primera vez, las comunidades puedan rubricar sus libros contables y actuar con plena transparencia sin dejar de ser lo que son: iglesias, comunidades de fe, espacios espirituales», indicaron en un comunicado oficial.
Desde la misma secretaría explicaron que el decreto permitirá que estas organizaciones religiosas puedan, por ejemplo, abrir cuentas bancarias y obtener un CUIT sin tener que atravesar el proceso de inscripción como persona jurídica bajo las figuras de asociación civil o fundación. «Facilita a que las iglesias reconocidas en el Registro Nacional de Culto puedan acreditar su personería jurídica y acceder a cosas simples y cotidianas, como un cuit o una cuenta bancaria», precisaron.
La modificación también les otorga a estas instituciones la posibilidad de poseer bienes a nombre de la organización sin necesidad de transformarse en otro tipo de entidad legal. La idea es que cada comunidad de fe pueda desarrollar una estructura jurídica propia, inscribiéndose en libros específicos en cada provincia que adhiera a la medida. La Inspección General de Justicia (IGJ) será el organismo encargado de coordinar la aplicación del decreto junto a las autoridades locales.
Aclaraciones del Gobierno
Según lo dispuesto, la implementación de esta norma no será obligatoria. En el texto oficial se aclara que la intención es ampliar las opciones disponibles para las organizaciones religiosas sin imponer un modelo único de funcionamiento. «Darle más opciones a las iglesias» y «respetar la voluntad y la elección de cada comunidad» son los principios que, según expresaron desde el Gobierno, orientan el nuevo marco regulatorio.
La decisión marca un giro institucional en relación con la administración de bienes por parte de organizaciones religiosas, con un criterio más flexible y descentralizado. Así, se busca también una «liberación» de las organizaciones religiosas que hasta ahora estaban encasilladas dentro de un tipo de entidad que no les permitía desenvolverse con total libertad.
