Argumentando denuncias al Ministerio Público Fiscal por falta de preparación, el Gobierno Nacional decidió prorrogar la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Ministerio de Justicia, Comodoro Py recibió los recursos y la capacitación necesaria para implementar a partir de agosto el nuevo sistema.
«Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que es sistema judicial federal cuenta con los recursos para poner en marcha esta reforma y que la Justicia debe adaptarse a un país austero y sin privilegios corporativos«, enfatizó un comunicado el Ministerio de Justicia. El plan original del Gobierno era implementar este nuevo sistema a partir del 11 de agosto, sin embargo, decidió posponerse hasta el 10 de noviembre.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) July 25, 2025
Desde la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona aseguraron que brindaron asistencia técnica, financiera e institucional a raíz de años de desinversión por parte de la «casta política que injustificablemente postergó la implementación de un sistema que permitía acortar la duración de los procesos judiciales y permitía ejecutar una política criminal estratégica y racional«.
«Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década», agregaron desde el Ministerio. Si bien desde el Gobierno Nacional consideran que en Comodoro Py cuentan con los recursos suficientes para aplicar la reforma, los trabajadores del tribunal aseguraron a Ámbito que no cuentan con el capital humano ni el presupuesto para implementar el nuevo sistema.
«No obstante, como consecuencia de reiteradas denuncias al Ministerio Público Fiscal, vinculadas a la falta de preparación para investigar casos complejos en esta jurisdicción, la cartera resolvió postergar la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses», anunciaron. La cartera de Justicia adelantó también que la decisión tiene por objetivo «remover los obstáculos políticos y corporativos para garantizar una plena coordinación entre los distintos poderes del Estado».
