En medio del escándalo por la supuesta compra de exámenes para ingresar a las residencias médicas, el Gobierno nacional activó una auditoría interna y anticipó que presentará una denuncia penal la próxima semana. Las autoridades apuntaron a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del operativo de examinación en Parque Roca, pero desde la sede de Uspallata se despegaron por completo.
Hasta el momento, el Ejecutivo no había iniciado una búsqueda de responsabilidades dentro de sus propias filas ni reconocido fallas en el sistema. La primera respuesta del ministro Mario Lugones fue ordenar que los 268 estudiantes con las notas más altas —entre 86 y 100 puntos— volvieran a rendir la prueba. Esa decisión desató una ola de protestas entre los aspirantes, muchos de ellos con diplomas de honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Nueva evaluación y rechazo estudiantil
Frente a las críticas, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló los cambios en la evaluación. Aseguró que el nuevo examen será oral y que quienes aprueben conservarán la nota original. No obstante, los estudiantes afectados mantuvieron su rechazo, considerando injusto el trato recibido.
La medida generó movilizaciones en la Facultad de Medicina, donde los futuros residentes exigieron explicaciones. Mientras tanto, el Gobierno confirmó que buscará determinar si hubo filtración de preguntas y si esta partió desde el propio Ministerio de Salud. “El sumario interno es para ver si la filtración salió desde acá”, señalaron fuentes oficiales.
Responsabilidades cruzadas con CABA
La administración nacional se desentendió de la organización logística del examen y trasladó la responsabilidad al gobierno porteño. “No sabemos si la Ciudad tenía cámaras o si alguien fue cinco veces al baño, pero eso no constituye un delito”, explicaron desde Salud. En respuesta, voceros del gobierno de Jorge Macri aseguraron que CABA “solo prestó el predio de Parque Roca” y que el resto del operativo corrió por cuenta de la Nación.
Pese al señalamiento, no habrá una investigación sobre cómo se tomó el examen en el lugar. El foco de la auditoría se limitará a detectar si hubo una filtración desde dentro del ministerio o de otras instituciones educativas como la UBA.
Oficialismo alineado y señalamiento a estudiantes extranjeros
El caso también unificó la postura del oficialismo después de días de internas silenciosas. La narrativa se encolumnó detrás de un enemigo externo: los estudiantes extranjeros. El presidente Javier Milei marcó el tono al compartir un video de debate en TN entre un médico argentino y uno ecuatoriano, acompañado de un mensaje virulento en redes sociales contra el “parásito mental del wokismo”.
A ese discurso se sumaron dirigentes libertarios alineados con Las Fuerzas del Cielo, que retomaron la actividad en redes tras el cierre de listas. El caso de las residencias fue el canal ideal para reforzar sus ideas sobre la equidad en el acceso al sistema educativo argentino y, en particular, sobre el rol de los estudiantes extranjeros.
Reclamo de la oposición y denuncia en camino
Mientras tanto, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, exigió al Gobierno que presente pruebas sobre la presunta compra de exámenes. El oficialismo prometió radicar una denuncia penal en los próximos días, aunque hasta ahora no hay ninguna presentación formal ante la Justicia.
