El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que la jubilación mínima pasará de $380.000 a $700.000, con un incremento del 84%. Además, se implementará un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000. Los fondos provienen de una deuda que Nación mantiene con la provincia y que comenzó a saldarse tras un acuerdo judicial alcanzado ante la Corte Suprema.
Aumento previsional con fondos nacionales
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aceptó, durante una audiencia en mayo, entregar un adelanto de $60.000 millones a Córdoba, en concepto de deuda previsional. Ese monto se pagará en 12 cuotas y corresponde al ejercicio 2025. Según estimaciones del gobierno cordobés, la deuda total de Nación con la provincia asciende a un billón de pesos.
A través de su cuenta de X, Martín Llaryora explicó que el incremento en los haberes será posible gracias a la llegada de estos recursos. “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, sostuvo.
Se garantiza un piso de $700 mil y un bono extra
El gobernador precisó que ningún beneficiario de la Caja de Jubilaciones provincial cobrará menos de $700.000 por mes. Para ello se aplicará una suma fija complementaria. Además, se otorgará un bono bimestral de $100.000 que alcanzará a quienes perciban haberes de hasta $1.300.000, como refuerzo no contributivo.
La medida, aclaró, estará vigente mientras continúe la transferencia de fondos por parte de Nación, en el marco del acuerdo judicial vigente. En diciembre, habrá una nueva audiencia para definir el monto total acumulado entre 2019 y 2024 y establecer un mecanismo de pago.
El mandatario cordobés insistió en que su gobierno mantendrá el foco en los sectores más vulnerables. “Ratificamos nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan, especialmente en este contexto tan difícil que vive nuestro país”, expresó.
En un escenario de creciente tensión entre las provincias y el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, Llaryora refuerza su postura de reclamo por los recursos que considera adeudados, al tiempo que apunta a sostener el poder adquisitivo de los jubilados con menores ingresos.
