La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar los chats y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La medida forma parte del proceso de “discovery”, que busca identificar activos del Estado argentino en el exterior que puedan ser embargados.
Preska fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto, donde se definirán las palabras clave que deben incluir los documentos. La orden también apunta a determinar si organismos como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, ENARSA e incluso la propia YPF actuaron como alter ego del Estado argentino.
La defensa argentina cuestionó la orden judicial
La Procuración del Tesoro, a cargo de la estrategia jurídica del país, cuestionó con dureza la decisión. Sostuvo que la orden “viola la legislación argentina y estadounidense”, además de representar una intromisión en la soberanía nacional. También alertó que la medida no apunta al hallazgo de activos embargables sino a ejercer presión política y judicial.
Desde el Gobierno remarcaron que la Argentina ya cooperó en el proceso judicial. Según el comunicado oficial, se entregaron más de 100.000 páginas de documentación, incluidas aquellas referidas a cuentas financieras y otros datos sensibles.
“El propio Burford Capital reconoció ante sus inversores que utiliza el discovery para hostigar a la República e interferir en sus intentos de recuperación económica”, indicaron desde la Procuración. A su vez, anticiparon que el país analiza apelar esta resolución por considerarla sin precedentes.
Los fondos buscan ampliar los activos alcanzados
Uno de los principales objetivos del pedido de Preska es comprobar si los organismos estatales actuaron como una extensión directa del Estado. De ser así, los fondos litigantes podrían avanzar sobre los activos de esas entidades. Hasta ahora, la sentencia de 16 mil millones de dólares recayó solo sobre la Nación y no sobre YPF, pero Burford ya apeló esa exclusión.
Según fuentes vinculadas al caso, también se busca determinar si hubo voluntad de cooperación por parte del Estado argentino durante el litigio. Esta falta de colaboración ya fue señalada por la jueza y por los demandantes ante el Fondo Monetario Internacional.
Casos anteriores complican el panorama argentino
Este no es el primer episodio en el que la Justicia estadounidense solicita información del Banco Central. En enero, la jueza Preska ya había exigido al país que revelara el destino de las reservas de oro retiradas de Estados Unidos el año pasado, tras un pedido del fondo Bainbridge.
Ahora, el nuevo foco sobre las comunicaciones de Caputo y Massa, así como sobre organismos clave, apunta a reforzar la ofensiva legal contra el Estado. La defensa argentina, en tanto, insiste en que los demandantes buscan embargar activos públicos mediante un proceso que considera desmedido e ilegítimo.
