El Gobierno anticipó que apelará la resolución judicial que suspendió la aplicación del DNU 462/2025 y, con ello, la disolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida fue tomada por la jueza Martina Forns, quien ya había intervenido recientemente en una causa similar que frenó la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. En este nuevo fallo, la magistrada dio lugar a una cautelar presentada por ATE y dejó sin efecto los alcances del decreto por un plazo de seis meses.
La jueza advirtió por riesgos en la estructura del organismo
Según el fallo, la reforma impulsada por el Ejecutivo podría «debilitar la autonomía técnica del INTI» y exponer al personal a recortes arbitrarios. Forns consideró que se trata de un «cambio estructural» que pone en riesgo la continuidad del servicio científico-técnico y los derechos laborales de los trabajadores. El decreto también involucraba cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Desde la Casa Rosada ratificaron su decisión de sostener las reformas incluidas en los decretos firmados por el presidente Javier Milei. Al igual que en el caso de Vialidad Nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno recurrirá a la justicia para revertir la medida. “Vamos a apelar”, sostuvo, en línea con la estrategia oficial de avanzar con los cambios definidos por DNU antes del vencimiento de las facultades delegadas.
Vialidad, Seguridad Vial e INTI: organismos en disputa
La misma jueza ya había frenado la disolución de Vialidad Nacional a mediados de julio. En ese fallo, advirtió sobre el impacto de la medida en los trabajadores del organismo y el posible «vaciamiento funcional» de una estructura con más de 90 años de historia. Consideró que Vialidad requiere autonomía técnica para cumplir su rol en obras públicas y planificación de infraestructura.
Otro de los puntos centrales del DNU es la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en 2008. Desde la entidad advirtieron que la decisión dejaría sin tareas a unos 700 trabajadores, que serían reemplazados por personal de Gendarmería sin formación específica. También señalaron que esto comprometería el control en rutas críticas y zonas de alta siniestralidad, rompiendo la coordinación federal con provincias y municipios.
La Agencia tuvo un rol importante en la baja de víctimas fatales en siniestros viales: en su primer año hubo 5.361 muertes, mientras que en 2024 se registraron 3.894. Especialistas remarcan que su eliminación puede significar un retroceso en materia de prevención y seguridad vial, por la falta de equipos capacitados.
Desde ATE y sectores científicos advierten que el intento de disolver el INTI es parte de un ajuste más amplio sobre el sistema de ciencia y tecnología. Sostienen que la medida representa la pérdida de décadas de desarrollo acumulado.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a una estrategia judicial para sostener sus decretos, incluso frente a fallos como el que ahora buscarán revertir con una apelación. La decisión vuelve a poner en discusión el uso del DNU como herramienta central de gestión de Javier Milei.
