Con un decreto cargado de argumentos técnicos y advertencias fiscales, el presidente Javier Milei oficializó el veto total a tres leyes sancionadas por el Congreso: el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
El rechazo, publicado este viernes en el Boletín Oficial bajo el Decreto 534/2025, se apoya en tres ejes clave: el costo fiscal desmedido, la falta de financiamiento real y serias irregularidades en el tratamiento legislativo.
Según el texto, las medidas aprobadas por el Congreso representan “un grave riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas” y atentan contra uno de los pilares de la gestión libertaria: el equilibrio fiscal.
“Un gasto imposible de cubrir”
El punto más enfático del veto presidencial es el impacto económico que tendría la implementación simultánea de las tres leyes. El Gobierno calculó que significarían un gasto adicional de más de $7 billones para 2025 y cerca de $17 billones en 2026, cifras que, según el Ejecutivo, “comprometen el cumplimiento de las metas fiscales”.
En términos macroeconómicos, el documento estima que el gasto total adicional equivale al 0,90% del PBI este año y al 1,68% el próximo, lo que pondría en riesgo la continuidad del superávit financiero, bandera central del modelo de ajuste de Milei.
Sin fuentes de financiamiento claras
Otro argumento clave del decreto es la violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley de gasto explicite cómo será financiada. Según el Poder Ejecutivo, ninguno de los proyectos cumple con este requisito.
En el caso del aumento a jubilados, las fuentes propuestas cubrirían menos del 4% del costo total, mientras que la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad ni siquiera incluyen estimaciones o mecanismos para solventarlas.
“Sin respaldo presupuestario, toda promesa es demagogia”, deslizó una fuente oficial ante la consulta de este medio.
“Graves nulidades” en el Senado
Más allá de lo económico, el Gobierno también cuestionó con dureza el proceso parlamentario mediante el cual se aprobaron las leyes. El decreto denuncia “vicios insalvables” en la sesión del 10 de julio, entre ellos:
- Falta de citación formal a los senadores.
- Mayoría simple para habilitar el debate, cuando se requerían dos tercios.
- Dictámenes “apócrifos o incompletos”, según la propia Secretaría Parlamentaria del Senado.
El Ejecutivo consideró que se trató de una sesión ilegítima, lo que convierte a las leyes en “producto de un procedimiento inconstitucional”. “No promulgar leyes viciadas no es un capricho, es una defensa de la República”, expresó un alto funcionario cercano al presidente.
Un nuevo round entre el Congreso y el Ejecutivo
El veto genera nuevas tensiones entre el Gobierno y sectores de la oposición, que habían impulsado las iniciativas con apoyo transversal. Organizaciones sociales y de discapacidad ya convocaron a manifestaciones y el tema podría escalar en las próximas sesiones legislativas.
Mientras tanto, Milei ratifica su promesa de no ceder ante presiones fiscales y seguir adelante con su hoja de ruta económica. “No hay plata, pero tampoco hay margen para ilegalidades”, parecería ser el nuevo eslogan de la Rosada.
