En principio, es necesario hablar con claridad. Todo juego de azar que no esté avalado por una institución gubernamental es ilegal. No obstante, que algo sea ilegal no implica de manera necesaria que se trata de algo peligroso. Lo que sí supone la falta de un marco legal en un juego de azar es que no existen garantías de transparencia. Sin embargo, desde luego que en muchos casos, un contexto de ilegalidad es el entorno ideal para personas con malas intenciones.

Durante los períodos de marcadas crisis económicas, las personas se ven obligadas a recurrir a diversas fuentes de ingreso que en la mayoría de los casos no están reguladas. Así, por ejemplo, es habitual la incursión en rubros como la gastronomía en espacios que no cuentan con la habilitación pertinente. Una persona que cocina en su casa y vende en el barrio no constituye un delito, pero los protocolos bromatológicos no están garantizados.
De manera similar, y fundamentalmente desde la pandemia de Coronavirus de 2020, muchas personas que vieron sus fuentes de ingreso restringidas buscaron maneras de suplir aquellas mediante actividades improvisadas. Un fenómeno que se popularizó por entonces toca de cerca a los juegos de azar.
Así pues, era habitual encontrar avisos en redes sociales anunciando la organización de rifas. En concreto, las personas recurrían a una ecléctica variedad de premios (desde alimentos caseros o servicios hasta electrodomésticos) a cambio de una suma módica de dinero y un número. Luego, aprovechando sorteos de juegos de azar legales, tales como las distintas instancias de la Quiniela, se concedían los premios a los respectivos ganadores.
Cuándo el juego ilegal deviene un riesgo serio
Aunque se trata de una actividad, a priori, inocua, lo cierto es que ese tipo de rifas constituye un acto ilegal. Sin embargo, dada la habitual familiaridad de los participantes, no representa un accionar que llegue a encender las alarmas a gran escala. Sin embargo, de manera sincrónica, fueron sucediéndose otras prácticas más peligrosas.

También desde la pandemia de Coronavirus, incrementaron de manera exponencial los jóvenes que acceden a apuestas online. Aunque solo está habilitada a mayores de 18 años, muchos menores acceden con facilidad, justamente mediante los casinos ilegales. Usualmente, se los capta a través de redes sociales, tales como Instagram y TikTok, apelando a la promesa de dinero fácil e incluso invitaciones a participar de autodenominados «emprendimientos».
En estos casos, las acciones que constituyen delitos son muchas más y los riesgos de vulneración de personas, identidades y bienes aumentan de manera alarmante. Al día de hoy, prácticas semejantes no disminuyeron sino que, por el contrario, se diseminaron y perfeccionaron. Es por ello que resulta fundamental estar atentos a las actividades de los menores en contextos de virtualidad.