La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que marca un antes y un después para Tabacalera Sarandí y su dueño, Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco. Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y determinó que la compañía deberá saldar una deuda que, según estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares acumulados desde 2018. La resolución, revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana del diario Clarín, cierra así un extenso capítulo judicial que había beneficiado a la empresa durante años.
El fallo contó con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, quienes rechazaron de plano los argumentos de la compañía. Tabacalera Sarandí había sostenido que el tributo era «irrazonable» y que afectaba su derecho a la propiedad, pero la Corte consideró que la firma no presentó pruebas suficientes para respaldar esa afirmación. Según el máximo tribunal, la evaluación de los efectos económicos de un impuesto es una tarea que corresponde a los otros poderes del Estado, no al Poder Judicial.
En sus fundamentos, los jueces destacaron que los impuestos constituyen un «valioso instrumento de regulación» y que es legítimo que el Estado aplique un tributo diferenciado a determinadas actividades cuando persigue objetivos de salud pública. En este caso, señalaron, la finalidad era desalentar el consumo de cigarrillos. Además, calificaron la presentación de la empresa como «desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente».
El caso del Señor del Tabaco
El conflicto comenzó en 2018, cuando la tabacalera se presentó ante la Justicia para evitar el pago del impuesto mínimo. En aquel momento se presentó como una pequeña Pyme que no podría competir bajo esas condiciones. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario: gracias a no pagar el tributo, la compañía pasó de controlar el 5,6% del mercado en 2016 a un 38,4% en 2023. El propio Otero reconoció en una entrevista que su facturación anual rondaba los 800 millones de dólares.
En su resolución, la Corte también descartó un último intento del empresario por dilatar la causa. La semana pasada, Otero informó que se había adherido a un plan de pagos, pero no presentó documentación que lo comprobara. Esta maniobra fue interpretada como un intento de ganar tiempo frente a una decisión que ya parecía inminente.
Con este fallo, la Justicia pone fin a una disputa que se extendió durante más de seis años y que permitió a Otero consolidar su posición en el mercado a partir del no pago de impuestos. La sentencia deja en claro que, a partir de ahora, la compañía deberá afrontar su millonaria deuda con el fisco, lo que podría redefinir el mapa del negocio tabacalero en Argentina.
