Cristina Kirchner deberá seguir usando la tobillera electrónica y no podrá recibir visitas ilimitadas en su arresto domiciliario. El fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, rechazó el pedido para que la Corte Suprema revise las restricciones.
El reclamo de su defensa apuntaba contra la decisión de la Sala IV de Casación, que confirmó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2. La medida incluye el uso del dispositivo de control y la supervisión de todas las personas que ingresen a su casa en el barrio de Constitución, donde cumple condena por corrupción en el caso Vialidad.
Solo visitas aprobadas
Actualmente, solo pueden entrar familiares, abogados, médicos y custodios que figuren en un listado autorizado. Si quiere recibir a otras personas, como contadores o apoderados, debe pedir permiso al juez Jorge Gorini, encargado de cumplir la sentencia. La fiscalía remarcó que todos los pedidos excepcionales fueron aceptados.
Para Villar, el recurso no era válido porque no se trataba de una sentencia final. Explicó que las medidas son temporales y pueden cambiarse en cualquier momento. En su opinión, no hay un daño grave que justifique llevar el caso a la Corte.
Argumentos para mantener los controles
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña señalaron que el control de visitas también responde a razones de seguridad mencionadas por Cristina Kirchner al pedir el arresto domiciliario. Opinaron que relajar las condiciones podría afectar el cumplimiento de la condena y dar una señal equivocada frente a delitos de corrupción que dañan la confianza en el Estado.
Villar coincidió con la Sala IV y dijo que los pedidos de la defensa repiten planteos ya analizados y rechazados. “La vía federal no es apta para crear una tercera instancia ni para revisar cuestiones ya resueltas”, sostuvo, en una clara señal de que le piden que no insista más.
La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara de Casación. Si hay un nuevo rechazo, la ex vicepresidenta todavía podría presentar un pedido de queja ante la Corte Suprema, aunque con pocas chances de éxito.
Por ahora, Cristina Kirchner seguirá bajo las mismas condiciones: tobillera electrónica y autorización previa para recibir visitas que no estén en la lista oficial.
