La Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió suspender la orden de la jueza Loretta Preska que exigía a la Argentina entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF mientras avanza el proceso de apelación de la sentencia en su contra. El Gobierno ya había adelantado que, de ser necesario, recurriría a la Corte Suprema estadounidense para frenar la medida.
Tras el fallo inicial de Preska, que disponía la entrega de la participación estatal en la petrolera, la Argentina solicitó la suspensión de esa orden hasta que se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido y, en una primera instancia, suspendió temporalmente la medida. Ahora, la decisión definitiva confirma que la exigencia queda en pausa mientras se tramita la apelación.
Según lo planteado por medios especializados, este tramo del litigio por la nacionalización de YPF contemplaba tres escenarios: hacer lugar al pedido argentino, rechazarlo completamente o concederlo exigiendo que el país presentara una garantía durante el proceso. Finalmente, la Cámara se inclinó por el primer camino y no impuso condiciones adicionales.
En el Ejecutivo sostienen que no presentarán ninguna garantía y que mantendrán la postura de no negociar con los demandantes mientras existan instancias judiciales pendientes. “No vamos a entregar acciones, no vamos a pagar y no vamos a negociar mientras haya recursos por interponer”, es la línea que transmiten los funcionarios cercanos al caso.
Cómo sigue el caso por YPF
En paralelo, continúa la apelación del fallo de primera instancia que ordena a la Argentina indemnizar con US$ 16.100 millones, más intereses, a los accionistas minoritarios al momento de la estatización de YPF. La audiencia para presentar los argumentos orales está prevista para la semana del 27 de octubre, inmediatamente después de las elecciones legislativas.
La fecha fue ratificada recientemente, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, quienes eran accionistas minoritarios de la compañía al momento de su nacionalización.
Con esta decisión, la disputa judicial por YPF se mantiene abierta en los tribunales estadounidenses, y el desenlace dependerá de lo que resuelva la apelación de fondo y, eventualmente, la Corte Suprema, si la causa llega a esa instancia. Mientras tanto, la propiedad estatal sobre la petrolera continúa intacta, a la espera de un fallo definitivo.
