El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió anoche en declaraciones a Todo Noticias (TN) a la tragedia causada por el fentanilo contaminado y apuntó directamente contra Ariel Furfaro, dueño de los laboratorios investigados, al tiempo que aseguró que la administración libertaria está decidida a “cortar” con prácticas irregulares que vienen desde hace años en el sistema sanitario.
“Cuando asumí en octubre una de las tantas cosas que me propuse fue auditar todos los laboratorios”, subrayó el funcionario, y precisó que el laboratorio Ramallo fue inspeccionado “a fin de noviembre porque hubo una denuncia por un producto mal elaborado. A raíz de eso es la investigación que se hace”.
Lugones negó tener vínculos con los laboratorios involucrados y recordó su trayectoria previa en el sector privado. “No tengo ningún laboratorio, es público lo que hago y vengo haciendo. Tengo vínculos porque soy accionista del Sanatorio Güemes”, señaló.
Sobre Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo, fue contundente: “No lo conozco, no lo vi nunca en mi vida. En el ambiente siempre hubo un rumor de que vienen haciendo negocios espurios, raros”, indicó.
El ministro se diferenció de gestiones anteriores y aseguró que los controles no se frenarán. “No vine a hacer lo mismo que hicieron los demás. Vine a cambiar y el que las hace las paga”, manifestó.
También defendió los recortes en el Estado aplicados por el presidente Javier Milei y aclaró que la “motosierra no fue por personal, sino por funciones”. Como ejemplo, mencionó trámites innecesarios para importar productos médicos: “Si querías importar termos tenías que pasar por la ANMAT. Curitas, lo mismo. No tiene ningún sentido”.
Sobre el final de la entrevista, Lugones se quebró al hablar de las víctimas fatales por fentanilo contaminado. “Me pongo muy mal porque soy médico y es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer esto. Es de muy mala gente”, dijo, visiblemente conmovido.
La causa judicial por la muerte de al menos 96 pacientes avanza en los tribunales federales y tiene como principales investigados a los dueños de los laboratorios que fabricaron los lotes contaminados, mientras el Ministerio de Salud monitorea la trazabilidad de otros medicamentos producidos por las mismas firmas.
