La abogada de las familias de pacientes que murieron por fentanilo contaminado expuso que “se pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que pasaba”. Además, la representante legal manifestó que “nunca se protegió el bien de la salud como se debía”.
Adriana Francese habló en radio Splendid AM 990 y destacó que previo al conocimiento de los primeros casos “se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma que dejaba a la sociedad en manos de esta gente”. En este sentido, apuntó contra el empresario Ariel García Furfaro debido a que “son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera”.
“Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado”, ratificó Francese al afirmar que ANMAT debía haber clausurado el laboratorio. Sobre ello, mencionó que la inspección se realizó en noviembre y el 18 de diciembre se fabricó el lote. El 4 de enero ya estaba en el mercado sin respetarse su cuarentena.
Asimismo, dijo que los encargados de hacer este tipo de trabajos deben tener las pericias y saben cómo son los procedimientos. «Todo eso no fue respetado, nada fue respetado. No se respetaron los tiempos de cuarentena, que debe estar la muestra de cada lote para determinar si hay proliferación bacteriana o no, y recién ahí liberarlo al mercado», expresó.
Peritajes
La abogada confirmó que se intentó la exhumación de algunos cuerpos, “pero se determinó no realizarla”. Por eso mismo, en estos momentos se están peritando “historias clínicas de las víctimas”.
Acerca de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la defensora señaló que “hay irresponsabilidad” por parte del organismo. “No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía”, destacó. Por último, anunció que “la querella también pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que estaba pasando”.
El lote 31202 bajo investigación fue elaborado el 18 de diciembre de 2024 y contenía 154.530 ampollas. El juzgado, según información suministrada a Chequeado el 6 de agosto, calcula que, de ese total, 42.502 (27,5%) fueron administradas a pacientes, mientras que 64.003 ya fueron recuperadas en procedimientos judiciales. En tanto, 47.593 están en manos de efectores de salud en depósito judicial y 432 están pendientes de ubicación.
