La Justicia Federal de Estados Unidos levantó el embargo que pesaba sobre los fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA, lo que permitirá al empresario Hayden Davis transferir a la Argentina los cerca de 500 millones de tokens que tenía inmovilizados en su billetera digital. La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer Rochon, quien aceptó un planteo presentado por el CEO de la firma Kelsier Ventures el pasado 1 de julio.
En su fallo, la magistrada autorizó al empresario a retirar 20,8 millones de activos $LIBRA por mes a partir del próximo 16 de agosto, habilitando así el giro paulatino de esos fondos hacia el país. De esta manera, la Justicia norteamericana dejó sin efecto la resolución que ella misma había dictado a fines de mayo, cuando ordenó congelar aproximadamente 280 millones de dólares en ganancias generadas por la venta de los polémicos activos Libra.
A pesar de que el valor de esos tokens se encuentra hoy prácticamente en cero, Davis podría utilizarlos como un elemento de descargo en la causa penal que se instruye en la Argentina. Su defensa sostiene que al transferirlos a una billetera local busca demostrar que «su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en la memecoin entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del presidente Javier Milei promocionando el proyecto Libra».
Cómo sigue el caso $LIBRA
Antes de este fallo favorable de la justicia estadounidense, Davis había ofrecido a la jueza federal María Servini girar 100 millones de dólares que, según su testimonio, fueron las ganancias obtenidas en las horas que mediaron entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15. Esa propuesta de devolución a una cuenta bancaria designada por la magistrada y el fiscal federal Eduardo Taiano buscaba mostrar buena fe y su inocencia frente a las acusaciones de estafa.
La situación cambió con el levantamiento del embargo, pero aún resta determinar si para la justicia argentina la devolución de tokens sin valor de mercado puede considerarse una «reparación integral del daño» sufrido por los miles de damnificados. El punto será clave en la estrategia judicial de Davis, quien insiste en que nunca hubo intención fraudulenta.
La operatoria que se originó tras aquel mensaje del mandatario habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores. La investigación penal en curso en la Argentina involucra no sólo a Milei y a su hermana Karina Milei, sino también a Davis, al empresario singapurés Julian Peh, vinculado a Kip Protocol, y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros sospechados de defraudación.
