El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) rechazó con firmeza el proceso de privatización de AySA impulsado por el Gobierno, al considerar que la empresa estatal constituye “una herramienta esencial para garantizar un derecho humano fundamental: el acceso al agua y al saneamiento”.
El gremio, que encabeza José Luis Lingeri, reaccionó así a la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que da inicio al proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado.
A través de un comunicado oficial, los trabajadores denunciaron que el Gobierno difundió cifras y análisis “erróneos” al describir la gestión estatal como “ineficiente y costosa”, situando a AySA como “el segundo peor operador de la región”.
“El indicador tomado sólo mide la cobertura, pero deja afuera variables como la calidad del servicio o el compromiso diario de los trabajadores”, sostiene el texto sindical, que acusa al Ejecutivo de inducir “conclusiones falsas” para justificar la privatización.
La organización gremial también cuestionó el argumento oficial que menciona una necesidad de inversión de 15.000 millones de dólares, y se preguntó qué empresa privada estaría dispuesta a desembolsar tal cifra “para expandir el servicio a sectores sin rentabilidad inmediata y que hoy requieren subsidios estatales”.
“La lógica del mercado no garantiza inclusión, prioriza la rentabilidad por encima del acceso universal”, advirtió el sindicato, al remarcar que “el agua no es una mercancía, es un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con una gestión profesional y participación activa de sus trabajadores”.
Asimismo, el SGBATOS consideró que “carece de sustento real” sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos que aún no tienen acceso a agua potable y cloacas. “En un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso a la población más vulnerable”, concluye el comunicado, dejando abierta la tensión entre el Gobierno y los trabajadores de AySA.
