El Gobierno avanzó formalmente en la privatización del 100% de las cuatro represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Comahue. La decisión se instrumentó a través de la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía y deberá estar concluida el 31 de diciembre próximo. Una de las condiciones centrales es que no podrán participar empresas públicas provinciales ni municipales: el proceso queda reservado para firmas privadas.
Los pliegos de licitación, que fueron elaborados en coordinación con las provincias de Neuquén y Río Negro, incorporan modificaciones sugeridas por ambos distritos. El operativo constituye la segunda etapa de la privatización de Enarsa, prevista en el Decreto 286/2025, que contempla la venta progresiva de los activos de la compañía estatal. La primera instancia fue la puesta a la venta de la transportadora de energía de alta tensión Transener.
Actualmente, cada central está administrada por las compañías que tenían contratos previos de operación: la norteamericana AES en Alicurá, la italiana Enel en El Chocón, la argentina Aconcagua Energía en Cerros Colorados y Central Puerto en Piedra del Águila.
Condiciones para la venta de las hidroeléctricas
La convocatoria será publicada en el portal del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial. Todo el proceso se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, de acuerdo al Decreto 416/2025, y la coordinación estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta dependencia también deberá contratar a un banco del sector público para realizar la tasación de las acciones.
Los oferentes podrán ser personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se presenten de manera individual o en conjunto económico. Sin embargo, existen condiciones específicas:
- Ningún oferente podrá superar el 20% de la generación eléctrica del país (base: 43.555 MW).
- Un mismo participante podrá adjudicarse un máximo de dos represas.
- No se permitirá la participación de UTEs ni de entes públicos provinciales o municipales.
- Los interesados deberán designar un operador técnico con experiencia mínima comprobada.
- Podrán conformar una sociedad de inversión en Argentina como vehículo de compra.
Los adjudicatarios deberán hacerse cargo de los bienes propios y cedidos, contratos vigentes, personal y obligaciones sociales. Además, se establecen obras obligatorias en materia de seguridad de presas, medioambiente y operación.
Beneficios para los compradores
Una de las ventajas que se ofrecen a los nuevos concesionarios es la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada, ya sea contratando en el mercado a término o en el mercado spot. Esta modalidad se enmarca dentro de los lineamientos de normalización impulsados por la Secretaría de Energía.
El proceso de privatización, con fecha límite en diciembre de este año, marcará un hito en la política energética del Gobierno, que avanza en la desinversión de activos estatales estratégicos en el sector eléctrico.
