La diputada Lilia Lemoine adelantó la judicialización de la ley de discapacidad luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto de Javier Milei tras alcanzar los dos tercios para hacerlo. Además, cargó contra Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Carlos D’Alessandro, quienes hoy dieron quórum y se sumaron a votación afirmativa contra el veto del Ejecutivo.
«Desde el día 1 Marcela Pagano se dedicó a romper el bloque de LLA», había dicho Lemoine poco después de que se lograra el quórum en la Cámara baja. Cuando se dio lugar al rechazo al veto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la legisladora volvió a cargar contra Arrieta, quien hoy pertenece a Transformación, y Pagano y D’Alessandro (LLA).
«Y por supuesto los tres votaron contra el veto. Al final los traidores terminan de mostrar sus colores. Habrá que ir a la Justicia», afirmó Lilia Lemoine. Asi, ratificó la intención del oficialismo de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad si esta lograra ser sancionada en el Senado.
El Gobierno se prepara para judicializar
Es la primera vez que un veto promulgado en esta gestión es rechazado en la Cámara de Diputados. Previamente, como manotazo de ahogado, el vocero Manuel Adorni había anunciado que la Casa Rosada estaba considerando un aumento en el monto de las prestaciones por discapacidad, minutos antes del inicio de la convocatoria. Sin embargo, los paños fríos no sirvieron.
“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”, había explayado Adorni en sus redes sociales.
En tanto, Javier Milei sigue firme contra su implementación, ya sea que se apruebe o no en el Senado de la Nación “Supongamos que me rechazan el veto. Yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero», había dicho el mandatario nacional semanas atrás.
La Ley de Emergencia en Discapacidad prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales. También se considera el financiamiento de pensiones no contributivas, la regularización de prestadores de servicios bajo la Ley 24.901 y la actualización mensual automática de aranceles de prestaciones básicas.Tiene un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según consignó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
