El Congreso convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, luego de rechazar el veto presidencial impulsado por Javier Milei. La iniciativa contó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, un resultado que implicó un duro revés político para el Gobierno y dejó en pie una normativa que suma obligaciones al Estado en materia de pensiones, prestaciones y financiamiento.
El texto, que había sido impulsado por un bloque multipartidario de diputados, se presenta como una respuesta a reclamos históricos de personas con discapacidad, organizaciones de prestadores y familias que denuncian falta de cobertura, recortes y retrasos en los pagos.
Compatibilidad de pensiones y empleo formal
Uno de los artículos más discutidos es el que habilita la compatibilidad parcial entre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad y los empleos registrados. El beneficio corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y se mantendrá siempre que el beneficiario no supere un ingreso equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si ese tope se excede, la pensión se suspenderá automáticamente, con posibilidad de ser reactivada cuando el titular pierda el empleo o reduzca sus ingresos.
Transformación automática de beneficios
Otro punto clave es la reconversión automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la entrada en vigencia de la ley, evitando trámites adicionales para los beneficiarios. Además, se habilita al Poder Ejecutivo a incrementar los montos en casos de invalidez laboral o de residencia en zonas geográficas desfavorables.
Aranceles actualizados por inflación
La ley incorpora un mecanismo de actualización mensual y automática de los aranceles de las prestaciones básicas de discapacidad. Es decir, en línea con el índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Indec. Este punto responde a los reclamos de hogares, terapeutas, centros de día y transportistas. Los cuales denuncian atrasos crónicos en los pagos y pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Régimen de regularización fiscal
El proyecto también abre la posibilidad de que trabajadores y empresas vinculadas al sistema de discapacidad regularicen deudas fiscales y previsionales, con condonación de intereses y multas.
ANDIS bajo la lupa
En cuanto al financiamiento, la norma obliga al Estado a garantizar los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con foco en programas de inclusión, prevención y accesibilidad. También exige que las auditorías de pensiones y beneficios se realicen en formatos accesibles y con participación del Consejo Federal de Discapacidad.
El rechazo del Gobierno
El oficialismo cuestiona el fuerte impacto fiscal que tendrá la medida en un contexto de ajuste. Desde el entorno presidencial remarcaron que la norma amplía beneficios sin establecer una fuente de financiamiento clara. Lo que podría afectar las metas de equilibrio de las cuentas públicas. Milei había vetado la ley original con el argumento de que era “inviable” sostenerla, pero la oposición logró revertir esa decisión con apoyo transversal.
La sanción definitiva abre un nuevo frente de tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ya que se trata de un tema altamente sensible para la opinión pública y con fuerte impacto en millones de familias de todo el país.
