El DNU 351 proponía modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave en causas de lesa humanidad. La medida quitaba la autarquía y lo convertía en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La norma también cambiaba la conducción del banco. Eliminaba el cargo de Subdirector Administrativo y dejaba la dirección en manos de un Director Técnico y un Subdirector Técnico, designados por concurso público. Además, todos los recursos presupuestarios se transferían a la Jefatura de Gabinete.
Desde el Poder Ejecutivo, la justificación fue que la medida buscaba “reducir el gasto público” y “simplificar la estructura estatal” sin afectar las competencias. Sin embargo, organismos de derechos humanos cuestionaron el decreto porque consideraban que ponía en riesgo la independencia de una institución central en la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
El contenido del DNU 462 sobre INTA, INTI y la Agencia de Cannabis
El DNU 462 disponía la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Sus competencias iban a pasar al Ministerio de Economía, en el caso del cáñamo industrial, y a la ANMAT, para usos medicinales.
La norma también preveía la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El Gobierno sostenía que ambos generaban burocracia y manejaban fondos de manera “discrecional”.
En cuanto a los grandes organismos de ciencia y tecnología, el decreto no los disolvía, pero sí les quitaba autonomía. El INTA, el INTI y el INPI pasaban a ser organismos desconcentrados bajo la órbita de las secretarías de Estado. El argumento oficial era que su estructura estaba “sobredimensionada” y que presentaban deficiencias en su gestión.
En conjunto, los decretos pretendían reducir el número de organismos descentralizados y concentrar la administración en áreas del Poder Ejecutivo. Para los críticos, estas medidas implicaban una pérdida de independencia en instituciones con funciones estratégicas para la memoria, la ciencia y la producción.
