El Senado aprobó con amplia mayoría la ley de financiamiento universitario, que ajusta las partidas de universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia y tecnología según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa incluye recomposición salarial para docentes y no docentes, además de partidas para becas e investigación.
La oposición impulsó el debate y logró adelantar la sesión, sorteando el reglamento que exige siete días entre dictamen y tratamiento. Esto consolidó un respaldo político sólido, que se había anticipado con la media sanción en Diputados el 7 de agosto.
Amplio consenso y cambios en el voto
Entre los legisladores que se opusieron figuran seis libertarios, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling del PRO, Francisco Paoltroni y Carolina Losada, quien cambió su voto respecto a septiembre de 2024. Juan Carlos Romero, Victoria Huala y Andrea Cristina se abstuvieron, mientras que Alfredo De Angeli estuvo ausente. El resto de los senadores acompañó la iniciativa.
El senador Maximiliano Abad advirtió: «Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula, se avanza sin rumbo claro», subrayando la importancia de garantizar recursos para educación y ciencia.
Actualización por inflación y partidas especiales
El proyecto establece que las partidas presupuestarias se ajusten al 1° de enero de 2025 según el IPC, con incrementos bimestrales hasta fin de año. Además, contempla recomposición salarial desde diciembre de 2023 y actualizaciones mensuales futuras. Víctor Zimmerman destacó la oportunidad del sistema: «Acompañar el impacto de la inflación es clave para docentes y becas de investigación».
La ley incluye financiamiento específico para becas estudiantiles, subsidios a la investigación y funcionamiento de hospitales universitarios. Aunque no hay un cálculo oficial actualizado, fuentes legislativas estiman un impacto fiscal similar al proyecto vetado en 2024: 0,14% del PBI. El senador Fernando Salino recordó que la inversión en educación superior hoy es de 0,43% del PBI, por debajo del promedio histórico de 0,80%.
Posible veto y respaldo del Congreso
El oficialismo ya anticipó su rechazo. La Libertad Avanza publicó que “el superávit fiscal no se negocia”, señalando un eventual veto presidencial. La oposición busca mostrar amplio apoyo previo al veto, asegurando mayoría calificada en los dos tercios de los votos.
Aun con la resistencia del Ejecutivo, la nueva norma marca un fuerte respaldo al sistema universitario y fortalece la previsibilidad financiera para universidades, docentes y hospitales, consolidando recursos que acompañen la inflación y potencien la investigación científica en todo el país.
