El Gobierno nacional dispuso el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores de distintos organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La decisión se oficializó este viernes mediante la resolución 1240, publicada en el Boletín Oficial.
Según confirmaron desde el Ejecutivo, la medida afecta a empleados de planta permanente con estabilidad adquirida. En total, son 343 las desvinculaciones, que se enmarcan en la reestructuración del sector agroindustrial impulsada por la administración de Javier Milei. De esta manera, se profundiza la política de reforma y reducción de organismos estatales.
En ese sentido, la disposición establece que toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones de los trabajadores alcanzados quedará sin efecto a partir de este 22 de agosto. Bajo ese marco, los empleados pasarán a “situación de disponibilidad”, lo que implica la pérdida de su puesto dentro de la estructura estatal.
Desde el Gobierno justificaron la medida en la necesidad de transformar al INTA y al INV, además de la disolución del INASE. Aseguraron que estas reformas buscan “optimizar recursos” y orientar las políticas públicas hacia un esquema de mayor eficiencia.
Rechazo del Senado y cambios estructurales
La resolución se conoció apenas días después de que el Senado rechazara cinco decretos delegados (462, 345, 351, 340 y 461) impulsados por Milei. Dichos decretos incluían la disolución o transformación de varios organismos. A pesar del revés legislativo, el Gobierno avanzó con los cambios a través de disposiciones administrativas.
El decreto 462/2025 había planteado convertir al INV y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en unidades organizativas dependientes de la Secretaría de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En esa línea, se estableció que el INV se concentre en el control técnico final de la cadena vitivinícola. Por su parte, el INTI debería unificar las políticas de desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica.
En cuanto al INTA, la normativa dispuso que deje de ser un organismo descentralizado y autárquico para pasar a depender directamente de Agricultura como ente “desconcentrado”. Según argumentó el Ejecutivo, el instituto “se desvió durante los últimos años de su propósito original” y fue utilizado “como herramienta de militancia política”, con un enfoque cercano a la Agenda 2030 y “alejado de las necesidades reales del sector agroindustrial”.
Impacto en los trabajadores
La medida generó preocupación entre los gremios estatales y en sectores vinculados a la investigación agropecuaria. Denunciaron que el recorte afectará proyectos estratégicos y debilitará la capacidad del Estado para acompañar al sector productivo. Además, advirtieron que el impacto social será significativo en provincias donde estos organismos tienen fuerte presencia.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada defienden los cambios como parte de un proceso de modernización y aseguran que el objetivo es “eliminar estructuras ineficientes”. Sin embargo, la controversia en torno a la legalidad de avanzar con estas disposiciones tras el rechazo del Senado promete seguir generando debate político y judicial.
??Pese al rechazo de los decretos a Javier Milei, el Gobierno pasó a disposición a 367 trabajadores del INTA, INASE e INV
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 22, 2025
??"Esto es una embestida. Es ilegal"
??Julieta Boedo, representante de ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en #HabraConsecuencias. pic.twitter.com/7PnZs3MGP4
