A menos de diez días de las elecciones provinciales en Corrientes, todas las alianzas opositoras al gobernador Gustavo Valdés presentaron una Acción de Amparo Electoral. El escrito apunta a lo que describen como “graves irregularidades” en la organización de los comicios del 31 de agosto. La denuncia busca que la Justicia garantice condiciones de transparencia y equidad en el proceso.
Los partidos plantearon fuertes críticas por la exclusión del Correo Argentino. Se trata de la primera vez en 42 años que la empresa estatal no participa en el despliegue de las elecciones locales. En su reemplazo, la Junta Electoral contrató a la empresa privada Andreani, aunque los términos del convenio aún no se conocen en detalle. Según los denunciantes, el costo del contrato es $300 millones menor, pero con una “notoria inferioridad en la calidad del servicio”.
En ese sentido, la oposición advirtió que no existen precisiones sobre cómo se desarrollará el despliegue y repliegue de las urnas. Tampoco hay información sobre la modalidad de transmisión y publicación de los resultados. Esta tarea recaerá en la empresa estatal TelCo, dirigida por Manuel Octavio Valdés, hermano del gobernador. Para los partidos opositores, esta situación representa un “claro conflicto de intereses” que vulnera la imparcialidad del proceso.
Otro de los cuestionamientos centrales tiene que ver con la notificación de autoridades de mesa. Ante la falta de estructura territorial de Andreani en toda la provincia, la tarea fue derivada a la Policía de Corrientes. En la práctica, los telegramas se entregan en comisarías locales, lo que, según abogados especializados, podría configurar un delito de cohecho.
Críticas a la logística y posibles conflictos de interés
En la localidad de Saladas, los problemas de organización tomaron un matiz aún más polémico. Allí, Andreani entregó los telegramas directamente a la Municipalidad. El organismo es conducido por Noel Gómez, actual intendente y candidato a la reelección por la alianza oficialista. Para la oposición, esta situación abre la sospecha de notificaciones selectivas a simpatizantes políticos.
Bajo ese marco, las alianzas opositoras remarcaron la necesidad de que la Junta Electoral garantice “claridad, transparencia y equidad” en cada etapa del proceso. Los dirigentes señalaron que la combinación de falencias logísticas, conflictos de interés y delegaciones poco claras debilita la confianza en el sistema democrático provincial.
Los partidos opositores también destacaron que, históricamente, el Correo Argentino había desempeñado un rol central en la logística electoral en Corrientes. Su exclusión, sumada a la falta de transparencia en los contratos con empresas privadas y estatales, profundiza las dudas sobre la neutralidad del operativo.
Reclamos a la Justicia Electoral
En su presentación, las fuerzas políticas exigieron que la Justicia revise el convenio con Andreani y que garantice un esquema de control más estricto sobre el despliegue de las urnas y la publicación de los resultados. También solicitaron que se garantice la participación de veedores independientes para evitar irregularidades en la notificación de autoridades de mesa.
La tensión en torno a la organización de los comicios crece a medida que se acerca la fecha de votación. La oposición advierte que, de no corregirse estas irregularidades, el proceso podría quedar “viciado de nulidad” y manchado por sospechas de manipulación.
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— Radio Sudamericana (@rsudamericana) August 22, 2025
¿Sabés qué se vota este 31 de agosto?
? Gobernador y vice, 5 senadores provinciales, 15 diputados y autoridades municipales en más de 70 localidades.
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