El exsecretario de Obras Públicas José López deberá cumplir una pena de 13 años de prisión tras la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de unificar las condenas dictadas en su contra. La medida abarca los expedientes de la Causa Vialidad y el proceso por enriquecimiento ilícito, dos de los casos más emblemáticos en los que estuvo involucrado el exfuncionario del kirchnerismo.
La resolución se tomó luego de un pedido presentado el 13 de junio de 2025 por el defensor oficial de López, Santiago Finn, quien solicitó una «mirada integral» sobre la situación penal de su defendido y argumentó que la unificación permitiría cumplir con el objetivo «resocializador» de la pena. Sin embargo, los magistrados del TOF 2 rechazaron el planteo de reducir el cómputo total y resolvieron que el exsecretario deberá permanecer 13 años detenido, integrando las sanciones por corrupción en la obra pública y por incremento patrimonial injustificado.
En su fallo, al que tuvo acceso TN, el tribunal resaltó la magnitud de los delitos cometidos, el daño ocasionado al Estado y la gravedad institucional de los hechos. «Se acreditó un beneficio económico ligado al plan criminal, que solo favoreció a dos personas: Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner», afirmaron los jueces, al sostener que las maniobras delictivas respondieron a un esquema organizado desde las más altas esferas del poder.
Los argumentos de la Justicia
Asimismo, los jueces defendieron la decisión de unificar las condenas como una herramienta para garantizar coherencia en la ejecución penal, sin que ello implique un trato benévolo. «La unificación de condenas asegura coherencia en el sistema de ejecución penal y evita un agravamiento irrazonable del trato punitivo«, sostuvieron, al tiempo que subrayaron el “desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos” y el impacto que estas prácticas tienen sobre la confianza pública.
Además de la pena de prisión, López continuará inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y con la inhabilitación especial perpetua que le impide desempeñar funciones en la administración estatal. También se mantienen las multas por enriquecimiento ilícito y la prohibición de portar armas durante tres años y dos meses. Con esta decisión, el TOF 2 ratificó una condena que refleja, según expresaron los jueces, «la peligrosidad de actos graves de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional».
