La Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere el pedido al país de entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.
Así lo reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales. Además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.
A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total. En cambio, se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.
El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino. De este modo, sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.
Cómo sigue el caso YPF
Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió suspender la orden de Loretta Preska que exigía a la Argentina entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF mientras avanza el proceso de apelación de la sentencia en su contra. El Gobierno ya había adelantado que, de ser necesario, recurriría a la Corte Suprema estadounidense para frenar la medida.
Tras el fallo inicial de Preska, que disponía la entrega de la participación estatal en la petrolera, la Argentina solicitó la suspensión de esa orden hasta que se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido y, en una primera instancia, suspendió temporalmente la medida. Ahora, la decisión definitiva confirma que la exigencia queda en pausa mientras se tramita la apelación.
