La Causa YPF volvió a generar complicaciones para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó un planteo del Gobierno y ratificó que deben entregarse los correos electrónicos y mensajes de exfuncionarios y actuales dirigentes. Se trata de un nuevo revés judicial en un litigio que ya lleva más de una década.
Un fallo adverso para el país
La magistrada resolvió que no había motivos suficientes para reconsiderar la decisión tomada a fines de julio. Esa resolución había autorizado a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos de los últimos ministros de Economía, entre ellos Sergio Massa y Luis Caputo.
Preska subrayó que las mociones de reconsideración son poco frecuentes y se rechazan cuando no aparecen pruebas determinantes. En este caso, afirmó que la defensa argentina no logró aportar elementos nuevos que justificaran un cambio en el fallo.
Posición de la defensa y próximos pasos
La Procuración del Tesoro había argumentado que el país no tiene la capacidad práctica de acceder a cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Según esa postura, los demandantes no pudieron demostrar que el Estado tenga derecho ni autoridad para controlar esos dispositivos.
Sin embargo, la jueza sostuvo que la Argentina sí mantiene cierto control sobre esas comunicaciones. El especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que el fallo ratifica la idea de que el país no posee físicamente los correos ni los chats, pero igualmente puede ser obligado a entregarlos.
Este escenario refuerza las dificultades que enfrenta la Argentina en los tribunales de Nueva York, donde ya acumula varios fallos en contra en torno a la Causa YPF. Cada resolución adversa complica las posibilidades de mejorar la posición negociadora del país frente a los demandantes.
El Gobierno de Javier Milei analiza ahora si presentará una apelación. Aunque ese paso es probable, los analistas advierten que la decisión de Preska consolida un panorama complejo para la Argentina en este juicio. La posibilidad de revertir la situación aparece cada vez más lejana, mientras los demandantes fortalecen sus argumentos en la disputa por la expropiación de YPF.
