El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal en la Justicia Federal contra la “producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones” atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del equipo de Javier Milei, particularmente a Karina Milei. El documento describe estos hechos como parte de una “operación de inteligencia no institucional” prohibida expresamente por la Ley 25.520.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el objetivo de la maniobra sería “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”. En ese sentido, el Gobierno consideró que las filtraciones no son un hecho aislado, sino parte de un plan articulado que busca debilitar al oficialismo en plena campaña.
El Ministerio también solicitó como medida cautelar urgente la prohibición de difundir, reproducir o circular por cualquier medio los audios ya divulgados, así como cualquier otro material vinculado a la maniobra. Según trascendió, la denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
Los detalles de la denuncia y los nombres mencionados
El escrito menciona como hecho central la difusión de las grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el pasado 29 de agosto en el canal de streaming Carnaval. En ese programa, el periodista Mauro Federico sostuvo al aire que disponía de más de cincuenta minutos de audios de la funcionaria. Para el Gobierno, esos registros fueron obtenidos de manera ilegal y forman parte de una trama más amplia con fines políticos.
Incluso, el documento plantea la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la Casa Rosada o en otras dependencias públicas, lo que, según el oficialismo, pondría en riesgo la investidura presidencial y la reserva de los asuntos de Estado. De esa manera, la denuncia apunta a encuadrar los hechos dentro del delito de espionaje ilegal, previsto en el artículo 43 ter de la Ley 25.520.
Uno de los nombres mencionados como posible engranaje de esta operación es el abogado Franco Bindi. Según el texto, se trataría de un actor “ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” con vínculos en el extranjero y con antecedentes en maniobras similares, como el llamado “Operativo Puf”. El Gobierno sostiene que Bindi tendría tanto la motivación como la capacidad para llevar adelante una operación de influencia indebida.
Un contexto de operaciones internacionales y mediáticas
La denuncia también vincula el caso con un escenario internacional. Allí se mencionan investigaciones sobre “redes de espías rusos” en la Argentina y operaciones de desinformación detectadas en países como Rumania, Polonia y Francia, todas con el objetivo de incidir en procesos electorales. Bajo ese marco, el Gobierno busca mostrar que los hechos locales forman parte de un esquema global más complejo.
El escrito además alude al rol de medios y figuras del periodismo. Entre ellos, menciona a Jorge Rial, a quien califica como “un tradicional operador mediático”. Según la denuncia, el conductor habría anticipado en su propio programa la existencia de videos, lo que para el oficialismo lo vincula directamente a la difusión de los audios.
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
