Mientras avanza el escándalo por las coimas cobradas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la Justicia ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien acusan de estar involucrada. El fallo de la Justicia Federal y la justificación por parte de funcionarios del Gobierno Nacional provocó el repudio por parte de dirigentes sociales y usuarios de redes sociales, que rescataron un contradictorio mensaje de Patricia Bullrich en defensa de la libertad de expresión.
«Nuevo atropello contra la libertad de expresión. Allanaron La Brujula 24 para evitar que se difundan las escuchas por el caso Suris«, escribió la entonces diputada nacional Patricia Bullrich. La publicación de Twitter data del año 2014, cuando se investigaba al empresario Juan Suris por liderar una banda de narcotráfico.
Nuevo atropello contra la libertad de expresión, allanan @labrujula24 para evitar se conozcan nuevas escuchas del caso Suris
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2014
En aquel momento, el juez federal Santiago Ulpiano Martínez procesó al periodista Germán Sasso, director de La Brújula 24, por «encubrimiento agravado» al publicar las escuchas del caso. Según el magistrado, «la recepción de tan trascendente elemento probatorio no pudo producirse ignorando su origen ilícito«, mas señaló que no está identificado el funcionario judicial que filtró el material a la prensa.
El polémico fallo
Durante la tarde del 1 de septiembre, el vocero presidencial Manuel Adorni compartió el fallo del juez Civil y Comercial Alejandro Marianello respecto a la denuncia del Gobierno por los audios grabados ilegalmente en Casa Rosada. En el texto, el juez considera que las medidas a tomar «buscan proteger la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos«.
Asimismo, se solicitó la adopción de «medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas y se disponga la prohibición de difundir o divulgar nuevos registros relacionados con el caso». En la misma línea, el Ministerio de Seguridad, dirigido por la propia Patricia Bullrich, pidió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, donde se comenzó a difundir el material, y a otros periodistas que revelaron los audios.
