En una entrevista exclusiva para “El Intransigente”, el senador Pablo Blanco (UCR) destacó que el reciente rechazo al veto presidencial en la emergencia en discapacidad marca un hecho histórico. «Es un tema muy sensible», señaló, y agregó que el Congreso envió un mensaje claro al Ejecutivo sobre la importancia de considerar las necesidades sociales, más allá del equilibrio fiscal.
Rechazo al veto: un hecho histórico en discapacidad
Blanco recordó que desde 2003 no se registraba un rechazo similar. «El Presidente utiliza la herramienta del veto con frecuencia, incluso en temas sensibles que afectan directamente a personas con discapacidad y sus familias», dijo. El senador insistió en que estas decisiones deben medirse por la empatía hacia la población y no por criterios económicos o políticos.
El legislador explicó que la comunidad con discapacidad sufre consecuencias directas cuando se prioriza el equilibrio fiscal sobre el social. «Son quienes más necesitan apoyo y quienes pagan las consecuencias de decisiones que no contemplan su situación», añadió.
Ley de DNU y la importancia de los decretos de emergencia
Blanco también se refirió a la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Señaló que la ley busca encuadrar estos decretos a lo que establece la Constitución, corrigiendo una norma anterior que permitía gobernar mediante decretos con menos exigencias. Según el senador, esto era una “aberración” que ahora se corrige después de años de discusión.
El senador enfatizó que desde 2020 viene insistiendo en la necesidad de regular estos instrumentos para que tengan límites claros y reflejen la transparencia que la ciudadanía espera del Estado.
Audios y transparencia en organismos estatales
Consultado sobre los recientes audios vinculados a la agencia de incapacidad, Blanco advirtió que evidencian irregularidades en distintos organismos del Estado, incluyendo el PAMI, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. También mencionó aumentos sospechosos en ventas de laboratorios y distribuidoras vinculadas al Estado. «Esto preocupa y afecta los recursos que podrían destinarse a la discapacidad», señaló.
Blanco confirmó que evaluará acompañar el pedido de interpelación a la secretaria responsable y que analizarán la situación en comisión antes de tomar decisiones definitivas.
