El escándalo por los audios atribuidos a Karina Milei sumó un nuevo capítulo con una revelación que compromete aún más al juez que ordenó la prohibición de su difusión. Según una investigación difundida por el periodista Nicolás Wiñazi, el magistrado Alejandro Maraniello recibió viajes a Estados Unidos pagados por Ariel García Furfaro, el empresario dueño de la farmacéutica HLB Pharma, hoy detenido por el caso del «fentanilo contaminado».
La noticia generó un fuerte impacto político y judicial, ya que Maraniello es el juez que firmó la medida cautelar cuestionada por la oposición y por entidades periodísticas al considerar que implica censura previa, una figura prohibida por la Constitución. El vínculo económico con Furfaro, procesado por un grave delito contra la salud pública, refuerza las sospechas sobre su imparcialidad.
De acuerdo a lo revelado, los viajes habrían sido financiados a través de una asociación de abogados y magistrados en la que Furfaro tenía influencia. La investigación periodística también apuntó que otros jueces, como Mario Ingi, habrían recibido beneficios similares. «Ariel García Furfaro, el empresario del fentanilo contaminado y dueño de HLB Pharma, le pagó viajes a EEUU al juez Maraniello», aseguró Wiñazki al exponer la información en A24.
El dato cobra aún mayor trascendencia porque Maraniello ya arrastra un polémico historial en el Consejo de la Magistratura. Según trascendió, el magistrado acumula al menos cinco denuncias por acoso sexual y maltrato laboral y actualmente se desempeña bajo una orden de restricción que le impide acercarse a sus propias empleadas.
El caso García Furfaro
Por su parte, García Furfaro está detenido en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo adulterado, un caso que dejó cerca de un centenar de muertes y que sacudió al sistema sanitario. El empresario, además de estar en el centro del escándalo, había sido señalado como parte de un entramado de presuntas coimas en el Estado.
El cruce de vínculos entre un juez cuestionado y un empresario preso agrega tensión a ambos casos. En ese marco, distintos sectores opositores reiteraron sus críticas al Gobierno y reclamaron transparencia en la Justicia. Para la dirigencia peronista y radical, el fallo de Maraniello fue una maniobra para blindar a la secretaria general de la Presidencia, mientras que para organismos periodísticos constituye un precedente peligroso para la libertad de expresión.
