El presidente Javier Milei enfrenta mañana una decisión política clave: vetar o reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una actualización automática de fondos para salarios, infraestructura y becas. El debate llega en medio del ajuste fiscal y tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, que dejó al oficialismo bajo la lupa de la oposición.
La normativa, aprobada en el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, contempla que el financiamiento a las universidades públicas pase del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, con cláusulas de indexación mensual por inflación. Para el kirchnerismo y sectores de la oposición, la reglamentación sería una victoria política; para el Gobierno, en cambio, significaría ceder recursos que comprometerían la disciplina fiscal.
Reclamo de las universidades
En la antesala de la definición presidencial, las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, difundieron un video conjunto donde reclamaron la inmediata reglamentación de la ley. El mensaje hizo hincapié en la situación salarial de docentes e investigadores y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
“Queremos seguir enseñando, queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”, expresaron en la declaración institucional, en un intento de instalar el tema en la agenda pública.
Contexto de ajuste fiscal
El reclamo se produce en un contexto donde el Gobierno libertario ha dejado claro que no moverá “ni un milímetro” de su programa económico. Milei lo ratificó el domingo tras las elecciones bonaerenses: equilibrio fiscal, bandas cambiarias y desregulación son los pilares que el oficialismo sostiene frente a las presiones políticas y corporativas.
El Ejecutivo recuerda que una ley similar fue vetada en 2024 y que la decisión evitó comprometer recursos en un contexto de déficit crónico heredado del kirchnerismo. Ese antecedente es citado como ejemplo de que el ajuste no admite excepciones, incluso frente a sectores con alta capacidad de presión.
La oposición aprovecha el escenario
En paralelo, el peronismo y la izquierda intentan capitalizar el debate sobre el financiamiento universitario. Buscan adquirirlo como parte de su ofensiva política tras la derrota oficialista en Buenos Aires. Legisladores como Florencia Carignano y agrupaciones estudiantiles buscan instalar la idea de que el Gobierno ataca a la educación pública. Pese a que los problemas financieros de las universidades tienen origen en la crisis que dejaron las gestiones anteriores.
El oficialismo, en cambio, responde que la ley es una “trampa” para forzar más gasto. Especialmente, en un momento donde la prioridad es estabilizar la economía y evitar una crisis de financiamiento. Analistas del mercado remarcan que comprometer fondos automáticos sin respaldo fiscal sería una señal negativa para los acreedores e inversores.
Expectativa por la decisión presidencial
La definición de Milei marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el sistema universitario. En la Casa Rosada se sostiene que la prioridad sigue siendo la desinflación y la estabilidad cambiaria. Y que toda medida debe encuadrarse en ese objetivo.
Mientras tanto, la comunidad educativa advierte sobre el riesgo de que los salarios docentes y los recursos para infraestructura sigan deteriorándose. La UBA declaró la emergencia salarial en marzo y asegura que la falta de financiamiento ya afecta el normal funcionamiento de la institución.
Mañana, en el Día del Maestro, se conocerá si el Presidente promulga la ley o ejerce el veto presidencial.
