El litigio judicial que inició Cristina Kirchner para intentar recuperar sus dos asignaciones vitalicias de privilegio, dadas de baja por la Anses en noviembre de 2024 tras la confirmación de su condena por corrupción, ya tiene una jueza a cargo. La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió que el expediente quede en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.°1, a cargo de Karina Alonso Candis.
La decisión cierra meses de idas y vueltas en el fuero previsional, donde al menos dos magistrados habían rechazado intervenir en el caso. Uno de ellos fue Ezequiel Pérez Nami, subrogante del Juzgado N.°10, que había argumentado “razones de decoro y delicadeza” para excusarse. Sin embargo, la Anses recusó al juez y la Cámara finalmente revocó la inhibición de Alonso Candis, que deberá tramitar la causa.
Un beneficio millonario
Kirchner cobraba, hasta noviembre pasado, dos prestaciones: una como expresidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner. En su último mes de percepción, ambas sumaron más de $35 millones brutos y $21,8 millones netos, cifra casi 70 veces superior al haber mínimo jubilatorio. Además, incluían un plus de $6 millones por zona austral, pese a que la exmandataria no residía en Santa Cruz.
La baja de esos beneficios se decidió tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, que derivó en una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El director de la Anses de entonces, Mariano de los Heros, firmó la resolución 1092 que eliminó ambas asignaciones.
La estrategia judicial de Cristina
El reclamo de la expresidenta apunta a revertir esa decisión y recuperar las jubilaciones de privilegio. A pesar de la incompatibilidad establecida en la ley 24.018, que regula esas asignaciones. El artículo 5 de la norma indica que son incompatibles con cualquier otra jubilación, pensión o prestación.
La situación se agrava porque Cristina había logrado desde 2021 el cobro simultáneo de ambas. Gracias a una resolución de la extitular de Anses, Fernanda Raverta, pese a que existía un litigio abierto por esa cuestión en la Corte Suprema.
Una pulseada con la Anses y la Corte
El nuevo expediente se centra en la baja de 2024, mientras que otro proceso debate la legalidad del doble beneficio. La diputada Graciela Ocaña se presentó en ese expediente para reclamar que se declare nula la renuncia del organismo a apelar un fallo de 2020.
Los jueces remarcaron que el decomiso de los bienes obtenidos por corrupción —que también pesa sobre la exmandataria en el fuero penal— se vincula directamente con la legitimidad de sus ingresos. Por eso, la discusión sobre las jubilaciones de privilegio excede lo previsional y podría tener impacto en el frente penal y patrimonial.
