El gobierno de Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario. La norma buscaba garantizar más recursos para las universidades públicas y mejorar los salarios de sus trabajadores. La medida se publicó en el Boletín Oficial durante la tarde del miércoles.
Motivos del veto
El Gobierno de Javier Milei argumentó que faltaban fuentes de financiamiento claras y que la ley podía aumentar el gasto público sin respaldo. También advirtió sobre riesgos de desequilibrio fiscal e inflación.
La ley, creada por el Consejo Interuniversitario Nacional, buscaba asegurar el funcionamiento normal de las universidades públicas ante la inflación y la creciente demanda educativa.
Para que la norma se apruebe pese al veto, se necesitarán 2/3 de los votos en ambas Cámaras del Congreso, como sucedió con la Ley de Discapacidad.
Reacción de los docentes
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional para el día siguiente. Además, planean protestas frente al Palacio Pizzurno y una nueva Marcha Federal.
Los docentes alertan que la medida afecta la calidad educativa y la investigación. Exigen que se cumplan los compromisos de financiamiento y la recomposición salarial.
Claves de la Ley de Financiamiento Universitario
La norma establecía:
- Actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el INDEC, con ajustes bimestrales durante 2025.
- Recursos para gastos de funcionamiento, investigación, extensión, hospitales universitarios e infraestructura.
- Convocatoria obligatoria a paritarias para docentes y no docentes. Esto asegura que los salarios no queden por debajo de la inflación acumulada.
- Ampliación de becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables.
- Fondo de 10.000 millones de pesos para implementar medidas de manera inmediata.
- Suba gradual del financiamiento estatal, de 1 % del PBI en 2026 a 1,5 % en 2031, con control y auditoría para garantizar el uso correcto de los recursos.
Impacto y próximos pasos
El veto generó amplio rechazo de sindicatos y organizaciones educativas. Se espera que las medidas de protesta continúen en los próximos días.La aprobación final de la ley dependerá de si el Congreso logra superar el veto y garantiza los recursos necesarios para las universidades públicas.
