Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, Axel Kicillof afirmó que Javier Milei “no entendió el mensaje de millones de bonaerenses”. La norma buscaba garantizar fondos para universidades públicas y había sido aprobada por el Congreso.
Qué implicaba la ley de financiamiento universitario
La ley establecía la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el INDEC, con ajustes cada dos meses durante 2025. Los fondos debían cubrir funcionamiento, investigación, extensión, hospitales universitarios e infraestructura.
Además, obligaba al Gobierno a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada. También ampliaba becas estudiantiles, destinaba fondos a la expansión de carreras y fortalecimiento de la investigación, y creaba un fondo de 10.000 millones de pesos para aplicar las medidas de inmediato.
La norma proyectaba un aumento gradual del financiamiento estatal, desde 1 % del PBI en 2026 hasta 1,5 % en 2031. Contemplaba mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.
Kicillof respondió al veto de Milei
Tras la publicación del veto en el Boletín Oficial, Axel Kicillof afirmó: “Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública y atenta contra su futuro”.
El gobernador sostuvo que la medida ignora la voluntad de los bonaerenses, expresada en las últimas elecciones, donde el peronismo ganó de manera contundente. “Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron este ataque a la educación superior”, añadió.
En su comunicado difundido por redes sociales, Kicillof concluyó: “La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender siempre”.
Repercusiones y próximos pasos
El veto genera incertidumbre sobre la implementación de la ley y mantiene alerta a gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que podrían convocar medidas de fuerza para garantizar los fondos necesarios.
Expertos señalan que la decisión también afecta la percepción del Gobierno de Javier Milei sobre educación y política social. El Congreso podría intentar rechazar el veto con los 2/3 de los votos requeridos.
La comunidad universitaria sigue reclamando la ejecución del financiamiento. Sin estos fondos, advierten, se pone en riesgo la calidad educativa y los programas de investigación.
