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POLÍTICA

Un militante de La Libertad Avanza deberá realizar donaciones al Garrahan por amenazar a opositores

 

Se trata del empresario Marco Chedik, quien reconoció haber amenazado a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel y Hugo Moyano.

 
La Libertad Avanza

El empresario y militante de La Libertad Avanza, Marco Chediek, recibió una sanción por parte de la Justicia Federal tras amenazar públicamente de muerte a distintos dirigentes opositores, entre ellos Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén «Pollo» Sobrero y Hugo Moyano. El caso se originó en diciembre de 2023 cuando, a través de sus redes sociales, publicó mensajes violentos contra referentes sociales y sindicales que planeaban movilizarse en rechazo a medidas del presidente Javier Milei. La resolución establece que deberá donar dinero al Hospital Garrahan y a un merendero, realizar tareas comunitarias durante un año y grabar un mensaje público de disculpas.

La investigación comenzó a partir de una denuncia que realizaron Grabois y Baradel en el juzgado de Daniel Rafecas, luego de que los videos circularan en plataformas digitales. Según la resolución, el imputado «excedió ampliamente la libertad de expresión» al incitar a la violencia colectiva. En sus posteos, advertía que si salían a protestar podían sufrir agresiones físicas y hasta disparos. Por esa conducta, el Tribunal Oral Federal número 5 determinó que debía resarcir económicamente y someterse a trabajos comunitarios como alternativa a una pena de prisión. De este modo, Chediek reconoció su responsabilidad y aceptó las condiciones impuestas.

La condena prevé el pago de dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor Pequeños Valientes, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez. Además, deberá cumplir con tareas comunitarias en una institución designada por Cáritas durante un año. Como parte de la reparación, tendrá que publicar en la red social TikTok un video con disculpas hacia los dirigentes que intimidó en sus mensajes. Para la Justicia, este punto es central porque apunta a revertir, al menos en parte, el daño generado en el ámbito público

El origen del caso

Los videos del militante de La Libertad Avanza habían causado un fuerte repudio en su momento. En uno de ellos, dirigido a Grabois, decía que era «responsable de lo que le pasara a su gente» si salía a protestar. En otro, advertía que durante las manifestaciones en la avenida 9 de Julio podían producirse ataques y aconsejaba llevar matafuegos y chalecos, sugiriendo que «del otro lado no había balas de goma». Estas expresiones fueron consideradas por Rafecas como intentos de generar temor en los dirigentes opositores y en la sociedad en general. Por ese motivo, en la resolución se planteó la necesidad de «poner un límite» a los discursos de odio.

La causa fue acompañada por organismos de derechos humanos como el CELS y sindicatos como SUTEBA, que presentaron denuncias para reforzar la investigación. El fallo, además de la sanción económica y social, busca sentar un precedente frente al uso de redes sociales para difundir mensajes violentos y amenazas directas. Para la Justicia, la línea entre libertad de expresión y discurso de odio fue sobrepasada de manera grave. De este modo, la resolución intenta enviar un mensaje claro: la incitación a la violencia no tendrá margen de tolerancia, incluso cuando provenga de militantes cercanos al oficialismo.