El mes de abril comienza con un marcado aumento en los precios de los servicios públicos y privados, lo que genera una presión sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos. La dinámica responde a la quita de subsidios y a la actualización de tarifas, en un contexto donde la inflación de marzo podría llegar al 3%.
El impacto en los servicios básicos será generalizado a partir del 1 de abril. En el transporte del AMBA, el boleto mínimo de colectivo para usuarios con SUBE registrada pasará a costar $873,37 en la provincia de Buenos Aires y $715,26 en la Ciudad. La brecha castiga fuerte a quienes no tengan la tarjeta nominada, con valores que pueden saltar hasta los $1.388,66.
A esto se suman las subas en la medicina prepaga, que implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9%. Las facturas de agua también aumentarán un 4%, mientras que los inquilinos con contratos bajo la ley anterior sufrirán un fuerte ajuste anual del 33,3%. Además, la nafta super ya superó los $2.000 por litro en algunos surtidores de la capital.
Este escenario ya tiene consecuencias políticas, puntualmente en el deterioro de la imagen del Gobierno nacional. Encuestas recientes indican que en marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3%, subiendo más de 8 puntos en un mes. El informe advierte que la «tolerancia social» se está reduciendo a medida que el ajuste pasa de ser una cifra macroeconómica a sentirse directamente en el bolsillo.
La deuda como mecanismo de subsistencia
La crisis económica ha provocado que el endeudamiento deje de ser una herramienta financiera para convertirse en un «mecanismo de subsistencia». Según datos recientes, el 56,4% de los hogares tuvo que pedir crédito en los últimos seis meses para pagar comida, servicios o el alquiler. Lo más grave es que casi 9 de cada 10 familias que tomaron deuda ya presentan dificultades para pagarla.
Esta situación genera una gran brecha entre las estadísticas y la realidad. El 65,8% de la población considera que los datos de inflación del INDEC no reflejan lo que gastan a diario. Para muchos, la credibilidad del dato oficial se pierde cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población reconoce que no logra llegar al día 20 del mes.
