Denuncian a Ortega por ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua

Imagen tomada de las redes sociales.

Advierten que la violencia en zonas rurales coincide con la presencia masiva de paramilitares y tropas militares.
<a href="https://elintransigente.com/mundo/2019/09/13/denuncian-a-ortega-por-ejecuciones-extrajudiciales-en-nicaragua/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2019-09-13T20:23:44-03:00">septiembre 13, 2019</time><time class="updated" datetime="2019-09-13T20:43:43-03:00">septiembre 13, 2019</time></a>

Una ola represiva con ejecuciones extrajudiciales y acciones para amedrentar a los adversarios al Gobierno del socialista Daniel Ortega golpea a Nicaragua. Activistas y dirigentes opositores denunciaron este viernes las irregularidades. En abril de 2018 se elevó la crispación política en ese país que dejó más de 300 personas asesinadas y centenares de presos políticos.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reveló en un informe que las ejecuciones extrajudiciales ocurren en zonas rurales, al norte del país, de personas que participaron en protestas contra el Gobierno de Ortega, informó la AFP. Ese texto reporta la situación de derechos humanos entre julio y agosto. Y describe los últimos meses de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.

La crisis en Nicaragua a expulsado a 62.500 personas, según el segundo informe de 2019 del CENIDH. En tanto, la opositora Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció una ola de persecución contra dirigentes contrarios a Ortega en varias ciudades. Guillermo Incer, dirigente de ese bloque, dijo a periodistas que en la occidental ciudad de León, hombres a bordo de camionetas y motos hicieron este viernes pintas y dañaron la viviendas de al menos tres disidentes.

“Nos preocupan. particularmente, la represión selectiva a los liderazgos de la alianza” opositora, dijo Incer. Para el economista Juan Sebastián Chamorro, estos actos “muestran el estado de terror que quiere implantar en aquellas personas que nos oponemos a la dictadura”. Según CENIDH, prevalece “un patrón de impunidad” en las muertes que ocurren en las zonas rurales, agrega el reporte.

Y advierte que la violencia en el campo “coincide con la presencia masiva de paramilitares y un aumento inusual de tropas militares”. El organismo documentó el asesinato de 17 campesinos “que pudieran constituir ejecuciones extrajudiciales” entre enero y agosto pasados. Todos ellos fueron “acribillados a balazos”. La abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, presentó el informe.

El caso más relevante mencionado por el informe es el asesinato, en Jinotega (norte), de cuatro miembros de una familia de apellido Montenegro. Tres de ellos estaban refugiados en el lado hondureño de la frontera con Nicaragua. “No hay ninguna duda de que se trata de ejecuciones sumarias, porque hubo un seguimiento de autoridades de Nicaragua hasta invadir Honduras“, indicó Núñez en rueda de prensa.

El CENIDH también identificó como una “nueva fase represiva” la persecución contra opositores que fueron excarcelados en junio pasado bajo una polémica ley de amnistía, con el objetivo de amedrentarlos y lograr que se vayan del país. En esta persecución, la aduana de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, se ha vuelto “un lugar de represión y riesgo” para los opositores, apuntó el organismo.