Dictamen favorable para los candidatos a ocupar el Tribunal Superior y la Fiscalía porteña

La Audiencia Pública en la Legislatura porteña, en la que se presentaron los candidatos para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad y el de Fiscal General del Ministerio Público, tuvo hoy un dictamen favorable por parte de los diputados, desestimando de esa forma las impugnaciones presentadas en contra de los postulados.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, propuso para el Tribunal Superior a Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; y a Marcela Vivian De Langhe, jueza de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires desde 2003.

Para el cargo de Fiscal General, el elegido por el mandatario porteño fue Juan Bautista Mahiques, quien es actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios, además de representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cargos que han levantado resistencia opositora a su postulación.

Hoy la Audiencia Pública, realizada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña por la Comisión Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que preside el diputado Eduardo Santamarina, dio dictamen favorable a las designaciones de los candidatos propuestos por Rodríguez Larreta y ahora pasará al recinto, donde deberá votarse el próximo jueves.

Tal como lo establece la Constitución porteña, las designaciones del Tribunal Superior -el equivalente a la Corte Suprema a nivel nacional- y el puesto de Fiscal General deben ser promovidas por el Poder Ejecutivo ante la Legislatura, donde para ser aprobadas necesitan del acuerdo de los dos tercios del total de los miembros, es decir al menos 40 votos positivos de los 60 en juego.

Fuente: El Intransigente

En la previa de la Audiencia hubo polémica con dos de los postulados por el jefe de Gobierno, cuestionados por “falta de independencia” debido a su cercanía con el Ejecutivo. Otamendi y Mahiques recibieron impugnaciones de distintas ONGs: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Los organismo fundamentaron sus quejas en contra de los postulados “por considerar que no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos”. Sin embargo, Santamarina sostuvo en la previa de la Audiencia que “su condición de funcionarios no les impide, según la ley, integrar el Supremo Tribunal o asumir el cargo de Fiscal General”, de acuerdo a declaraciones que publicó Infobae.

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