La Justicia rechazó un amparo colectivo contra los aumentos de tarifas eléctricas del 2018

Foto: Twitter de Secretaría de Energía

El recurso fue promovido por CEPIS e intendentes bonaerenses, con la finalidad de que se declare la nulidad de las medidas de la Secretaría de Energía y del ENRE.
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En un fallo determinado la Justicia no favoreció a los consumidores de energía eléctrica que plantearon un amparo colectivo, promovido por CEPIS y un grupo de intendentes bonaerenses, con la finalidad de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 366/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía y de las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 24/25/26 y 27 del 2019, que dispusieron un aumento en las tarifas del servicio eléctrico.

De esta manera, para el dictado de la sentencia, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, consideró que no existían pruebas suficientes que demuestren que los aumentos aplicados desnaturalizaron el concepto de “razonabilidad” dispuesto por la Corte Suprema. Así, rechazó el reclamo.

En este sentido, según diariojudicial.com, “el juicio sobre la razonabilidad de una tarifa determinada, no puede efectuarse sin consideración alguna respecto de las características propias inherentes al sujeto sobre el cual recaen”. En cuanto a ese aspecto, “la clase sobre la cual se pretende la realización del examen, en abstracto, se encuentra conformada por numerosos individuos y grupos que no evidencian analogía socioeconómica sustancial”, expresó el magistrado.

En tanto, al rechazar este amparo colectivo contra parte del Gobierno nacional por las medidas tomadas respecto del aumento de tarifas, el juez aseguró que “una resolución judicial de alcance colectivo, que efectuara un nuevo reparto de cargas económicas entre los diversos integrantes del grupo, transformaría, ipso facto, la competencia específica del Poder Judicial”.

De esta manera, consideró al tomar la decisión que en su lugar estaría modificando “variables atinentes a la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por la Administración Nacional en materia de política tarifaria, ámbito reservado a los restantes poderes del Estado”.

En este contexto, Recondo también rechazó la impugnación de los promotores del amparo respecto del fundamento de que el Estado Nacional retiró los subsidios energéticos a los grupos más vulnerables, ya que esos sujetos continúan gozando de los beneficios de la tarifa social, pero los costos fueron trasladados a los municipios y las provincias.

“El traspaso de la carga económica a las jurisdicciones señaladas, no importa la eliminación de la tarifa social -como se sostuviera-, sino una reasignación de competencias”, apuntó. Asimismo, señaló en relación a esto que “la ausencia de razonabilidad de una tarifa”, ya que la demanda fue interpuesta “en términos abstractos y en referencia a un colectivo determinado”.

“La complejidad de la cuestión tarifaria, procedimiento a seguir y variables a considerar para la fijación del precio, descartan la posibilidad de dilucidar en este expediente si la modificación que se plasmó en la Resolución 366/2018 constituye una lesión, y en su caso, en qué medida es inaceptable para los usuarios”, indicó el fallo.

“No ya en virtud del acotado conocimiento que admite la acción escogida, sino además, como consecuencia de la omisión de ofrecer la prueba tendiente a corroborar los extremos invocados”, expresó la medida en relación al rechazo de este recurso impuesto de forma colectiva contra el ajuste en las tarifas.