El Ministerio Público Fiscal dictaminó que el Gobierno deberá dar información pública sobre los dos préstamos del FMI

Es en el marco de una causa iniciada por Eduardo Codianni, integrante del Centro de Estudios para la Integración Financiera.
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En una nueva medida, el Ministerio Público Fiscal de la Nación dictaminó que el Poder Ejecutivo deberá dar información pública sobre los dos préstamos públicos acordados con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018. De este modo, la norma apunta a que el Gobierno brinde información puntual sobre el acuerdo con el FMI.

Según diariojudicial.com, Rodrigo Cuesta, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se expidió en el marco de una causa iniciada por Eduardo Codianni, integrante del Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN), que le solicitó a la justicia el acceso a la información sobre el crédito de nuestro país con el FMI.

En este sentido, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le pidió que se expida sobre el tema. Así, según lo determinó el fiscal, la justicia le debe entregar al solicitante, en soporte papel y digital, “los actos administrativos por los que se decidió tomar los créditos, las cláusulas de prórroga de jurisdicción y la copia del acuerdo firmado entre las partes”.

De esta manera, la decisión sostiene que el Poder Ejecutivo no cumplió íntegramente con el deber de proveer la información referida al acuerdo del préstamo otorgado por el Fondo. Así, siguiendo esta línea de argumento, el pedido se centró en que “informe respecto de la existencia o no de la información en cuestión y, en su caso, que proceda con su entrega”.

En este contexto, luego de realizado el planteo ante la Justicia, la decisión pasa ahora porque la Cámara establezca si el Gobierno deberá suministrar esa información al solicitante, Eduardo Codianni, en el marco de denuncias por incumplimientos del procedimientos administrativos y legales en la toma de deuda con el FMI por parte de nuestro país. 

En cuanto a este punto de vista, el dictamen sostiene que “toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados se presume pública y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no hallándose obligados a clasificarla”. Por este motivo, se aceptó el pedido del solicitante respecto de esta situación.

En este línea, desde el sitio Diario Judicial, también recuerdan un fallo del 2018, donde la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un pedido de habilitación de feria judicial, para que se trate una medida cautelar por la que se pretende que se impida al Estado Nacional firmar cualquier “acuerdo de financiamiento” con el FMI, sin que antes intervenga el Congreso.